La Eurocámara solicita además una reforma electoral para unas elecciones justas y creíbles, como manera de resolver la crisis política; y cree que la Unión Europea debe sopesar tomar medidas ante las violaciones de los Derechos Humanos en Nicaragua.
A través de una resolución no legislativa, el Parlamento Europeo ha condenado hoy al Gobierno de Daniel Ortega al que culpa de incurrir en lo que define como una «brutal represión e intimidación de manifestantes pacíficos en Nicaragua». Por ello, los eurodiputados piden también una reforma electoral en el país centroamericano que conduzca a elecciones justas y creíbles.
De esta forma, la Eurocámara subraya que la represión llevada a cabo por las autoridades nicaragüenses, las fuerzas armadas, la policía y grupos violentos que apoyan al Gobierno contra los manifestantes pacíficos opuestos a la reforma de la seguridad social ha costado desde mediados de abril 84 vidas, heridas a más de 860 personas y la detención de más de 400.
Además, la resolución destaca que Ortega, presidente desde 2007, elegido en tres ocasiones consecutivas, se mantiene en el poder gracias a la irregular supresión de la limitación de mandatos recogida en la Constitución, «vulnerando claramente el derecho a unas elecciones democráticas».
En esa línea, los eurodiputados denuncian el deterioro de la democracia y el Estado de derecho que, a su juicio, se ha vivido en Nicaragua en el último decenio que, según apunta el texto aprobado, ha ido «acompañada de creciente corrupción, a menudo implicando a familiares del presidente Ortega».
Asimismo, los eurodiputados instan a las autoridades nicaragüenses a sentar las bases para que todas las partes enfrentadas debatan sobre la situación en el país; pide a Mangua que autorice de inmediato una investigación internacional, transparente e independiente a fin de enjuiciar a los responsables; y reclaman la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y el restablecimiento de la libertad y pluralidad de los medios de comunicación como factores esenciales para el restablecimiento del orden democrático.
Dicho texto ha sido aprobado con 536 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones, y destaca que el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica establece la necesidad de respetar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Por ello, pide a la UE que, «en caso necesario, sopese las medidas que se podrían tomar».
En esta línea, la resolución advierte al Gobierno de Ortega sobre las «graves consecuencias políticas, económicas y en materia de inversión» a que pueden dar lugar las violaciones de los derechos humanos.
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