El gobierno de Nicaragua reiterado hoy su disposición al diálogo nacional convocado por el presidente Daniel Ortega ante la situación de violencia en el país.
El gobierno de Nicaragua reiterado hoy su disposición al diálogo nacional convocado por el presidente Daniel Ortega ante la situación de violencia en el país.
«Hemos estado al llamado de la Conferencia Episcopal esperando que se inicie el diálogo cuando consideren que están dadas las condiciones», informó la vicepresidenta Rosario Murillo.
El objetivo, según aseveró, «es que de ese encuentro resulten las mejores propuestas para ir adelante en Nicaragua».
«Estamos en un ciclo que nos permite aprender, emprender y crear, un nuevo capítulo de cultura política dialogante y tolerante que da continuidad a la democrática, y un nuevo tiempo para la justicia y la paz», afirmó la vicemandataria.
También agradeció la labor de la Conferencia como mediador y testigo de las conversaciones e invitó a todos los nicaragüenses a ser instrumentos de paz, diálogo, tolerancia y respeto.
De acuerdo con Murillo, «el Gobierno trabaja duro en pos de construir paz con paciencia, serenidad y sabiduría».
Para facilitar el clima de diálogo los obispos consideraron esencial e imperativo que el Ejecutivo y cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia e irrespeto a la vida humana, la propiedad pública y privada.
«Aunque el llamado a la tranquilidad resuena en cada rincón del país, grupos manipulados por la derecha intentan sembrar el caos y generar zozobra en las familias», según denuncia el gobierno.
Desde el 18 de abril se desató una ola de violencia que provocó muertes, lesiones y actos de vandalismo.
Conforme con el presidente Daniel Ortega, los sucesos detonaron por una propuesta de reforma al seguro social, que más tarde fue derogada y se convocó al diálogo nacional para lograr la estabilidad en el país.
Las citadas reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del sandinismo, conforme con observadores.
Los nicaragüenses piden paz mientras continúa la ola de violencia
Los hechos vandálicos persisten, pese al llamado a la tranquilidad por parte de la mayoría del pueblo, instituciones religiosas y el Gobierno.
Trabajadores de la sede de la Alcaldía del Distrito VI de Managua clamaron por el cese a la violencia y denunciaron los ataques al recinto por grupos delincuenciales.
Mujeres y hombres resguardaron la instalación, mientras vándalos los agredieron con morteros y armas artesanales, según pudo apreciar Prensa Latina.
Los agresores amenazaron con quitarles la vida e intentaron quemar la Alcaldía con bombas molotov, como en días anteriores.
Las familias lamentaron la zozobra y el caos provocado por pandilleros al incendiar llantas, realizar saqueos, paralizar el tráfico y amedrentar a la población.
Un bus que transportaba niños discapacitados fue atacado ayer por individuos encapuchados en la rotonda Rigoberto López, según denunció Néstor Espinoza, periodista del canal Extra Plus y padre de uno de los pequeños.
Durante esta semana grupos violentos arremetieron contra instituciones públicas y privadas, agredieron a pobladores, secuestraron y quemaron buses del transporte urbano y destruyeron varios árboles de la vida, estructuras metálicas que adornan la ciudad.
Por otra parte, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz inició las investigaciones para conocer, analizar y esclarecer en los próximos tres meses las muertes, heridos, encarcelados, denuncias de desaparecidos, incendios, actos de vandalismo, destrucciones materiales de bienes privados y públicos, incluyendo patrimonio nacional.
Integrada por cinco personalidades, la comisión asumió el compromiso de trabajar de inmediato en el proceso de recolección, consolidación, preservación y análisis de las evidencias, en aras de contribuir a la paz, la justicia y aclarar la verdad ante todo.
Para ello desarrollará contactos con organizaciones especializadas en los derechos humanos en el ámbito nacional, regional e internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y autoridades correspondientes y pertinentes.
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