Tras las declaraciones del presidente de South American Silver, Greg Johnson, en las que aseguraba que emprenderían acciones legales contra Bolivia, el Gobierno latinoamericano contesta: “tenemos derecho de recuperar el control de sus recursos”. Tras las declaraciones del presidente de South American Silver, Greg Johnson, en las que aseguraba que emprenderían acciones legales contra Bolivia, el Gobierno latinoamericano contesta: “tenemos derecho de recuperar el control de sus recursos”.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Lidera ha asegurado además, que el Estado tiene “la fortaleza económica para financiar la exploración, la explotación y el procesamiento de los minerales de la zona”. Según él, el Ejecutivo boliviano está en su pleno derecho de recuperar la concesión minera que había otorgado a la empresa canadiense y ha añadido también que repondrá a la empresa canadiense los recursos que invirtieron en el yacimiento.
Para justificar la decisión del Ejecutivo, ha asegurado que “la propuesta de recuperar esta zona de exploración minera ya la propuso el Gobierno hace unos meses”. En cualquier caso, el presidente Evo Morales y los indígenas de la zona lograron el martes un acuerdo para anular la concesión minera otorgada a la empresa canadiense South American Silver.
La empresa canadiense ha asegurado que no “tienen ninguna notificación oficial”, de manera que se encuentran en un análisis de los caminos a seguir. En cualquier caso, aseguran que están “abiertos a tener conversaciones con el Gobierno”.
Los indígenas parecen ser los que más desapercibidos están pasando. Aunque nunca desearon que se explotara la zona debido a la contaminación que esto podría acarrear, se han conformado con que las minas pasen a manos del Gobierno boliviano.
Aunque da la sensación que han pasado a un segundo plano en este conflicto, un experto en estos asuntos vuelve a sacarlos a la palestra porque, según él, se han pasado en sus atribuciones cuando han sometido a dos de los rehenes que tomaron cuando se desató el conflicto a su propia justicia.
En un texto que escribió en la prensa boliviana puede leerse que “la jurisdicción indígena ordinaria campesina sólo alcanza a los miembros del pueblo indígena y se excluye a quien no sea miembro” de ahí que este experto condene que los exrehenes Agustín Cárdenas y Fernando Fernández, liberados el domingo, fueran sentenciados a elaborar 1.000 adobes de barro cada uno.
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