El expresidente salvadoreño Antonio Saca (2004-2009) por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) cometió delitos graves de corrupción por lo cual su caso pasará directo a instrucción formal, dictaminó hoy la jueza Nelly Edith Pozas. El expresidente salvadoreño Antonio Saca (2004-2009) por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) cometió delitos graves de corrupción por lo cual su caso pasará directo a instrucción formal, dictaminó hoy la jueza Nelly Edith Pozas.
Junto al exmandatario también pasarán a esta etapa sus tres exsecretarios Elmer Charlaix, César Funes y Julio Rank y los empleados de la Casa Presidencial Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera.
La jueza también decidió que los imputados esperen el proceso en prisión provisional y apoyó el embargo ordenado por la Fiscalía General de la República de todas las cuentas del expresidente y de Charlaix.
La Fiscalía, además, ordenó congelar cuentas por cuatro millones de dólares de Julio Rank y 400.000 dólares en las de César Funes.
La confiscación solicitada ronda los 94 millones de dólares, no obstante, el fiscal general, Douglas Meléndez, reveló esta semana que los imputados operaban una estructura dentro de Casa Presidencial desde donde movieron 246 millones de dólares.
El monto fue transferido a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las cuales retiraron 116 millones de dólares en efectivo que fueron ingresados a cuentas de empresas de Saca.
Pozas determinó seis meses para la etapa de instrucción con el fin de robustecer las pruebas en este caso de corrupción, el segundo en el cual un expresidente de Arena está involucrado.
El primero fue el de su antecesor, Francisco Flores (1999-2004), quien desvió 15 millones de dólares, de acuerdo con las acusaciones, los cuales Taiwán donó para atender a las víctimas de los terremotos de 2001.
El proceso en contra de Flores quedó inconcluso tras su fallecimiento por agravamiento de su salud.
En este caso de Saca, su abogada, Silvia de Bonilla, solicitó este sábado, a la jefatura de la División Antinarcóticos, donde está en prisión, permitir el ingreso de un médico y un enfermero particulares para garantizar la salud de sus defendido.
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