El programa de redistribución de tierras en usufructo entre campesinos, diseñado por Raúl Castro como fórmula mágica para impulsar la producción de alimentos, no despega. Por ahora, casi dos años después de su puesta en marcha, se habrían distribuido 1 millón de hectáreas entre cerca de 110.000 trabajadores y 1.715 cooperativas. El programa de redistribución de tierras en usufructo entre campesinos, diseñado por Raúl Castro como fórmula mágica para impulsar la producción de alimentos, no despega. Por ahora, casi dos años después de su puesta en marcha, se habrían distribuido 1 millón de hectáreas entre cerca de 110.000 trabajadores y 1.715 cooperativas.
Una cifra que supone un 56% del total de 1,76 millones de hectáreas de tierras improductivas que La Habana tiene previsto entregar a los productores que se lo soliciten. Estos datos representan, en opinión de Pedro Olivera, el director de la Oficina de Control de Tierras que ha concedido una entrevista sobre el asunto a a la agencia Ap, la constatación de que el proceso sigue adelante y terminará por convertirse en un sonado éxito.
El análisis de Olivera es radicalmente distinto al que hacen los comentarista de Radio Bemba (nombre con el que se conoce en Cuba a los rumores callejeros). Estos expertos, habitualmente irónicos, señalan que la producción no despega porque los precios de la cosecha, fijados por el estado, no compensan a los agricultores que, además, no disponen de una oferta de suministros suficiente para asegurar los trabajos.
No hay semillas, ni aperos, ni fertilizantes, ni siquiera para quién cuenta con dinero para comprarlos en divisas. Mientras se dirimen estas cuestiones, las cifras muestran la dimensión que ha adquirido el problema. En 2008, La Isla gastó cerca de 2.000 millones de dólares en importar alimentos. La cifra, sin embargo, se redujo a 1.600 millones el pasado año.
El problema es que esta ‘mejora’ del dato se correspondería, siempre según los muy pesimistas locutores de Radio Bemba con un recorte ‘obligatorio’ de las compras motivado por el ahogo ‘financiero’ de la Isla y el cierre de algunos circuitos de adquisición de bienes por los reiterados impagos de partidas pasadas.
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