Tras 52 años de fuerte confrontación entre el Estado y las FARC, el principal grupo guerrillero de cuantos han existido en el país, Colombia empieza a transitar ahora por una fase de posconflicto, que para algunos observadores ya empezó hace varios meses. Tras 52 años de una fuerte confrontación entre el Estado y las FARC, el principal grupo guerrillero de cuantos han existido en el país, Colombia empieza a transitar ahora por una fase de posconflicto, que para algunos observadores ya empezó hace varios meses.
El proceso de paz que protagonizaron desde 2012 el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tuvo un notable respaldo internacional por las implicaciones que tiene acabar un conflicto tan largo.
Según cifras de un Grupo de Memoria Histórica que en 2013 divulgó un estudio, el conflicto armado en Colombia dejó más de 220.000 muertos entre 1958 y 2012.
El inicio del periodo investigado es anterior al surgimiento de los grupos guerrilleros, en 1964, pues pretendía incluir una época de extrema violencia que fue el origen del conflicto actual.
El estudio concluyó que el 80 por ciento de las víctimas eran civiles y el 20 por ciento miembros de los grupos que ejercieron la violencia: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, bandas de delincuencia común con una estructura organizada y la fuerza pública.
«¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad», título de aquel estudio entregado al Gobierno, consideró que en ese lapso también fueron secuestradas 27.023 personas, mientras que 10.189 fueron víctimas de minas antipersonales y 4,7 millones se vieron forzadas a desplazarse para huir de la violencia.
El presidente Juan Manuel Santos ha afirmado que dos de las características del proceso de paz que más lo complacen es que el acuerdo pone a las víctimas en el centro del escenario para recibir reparaciones y el respaldo de la comunidad internacional para financiar el posconflicto.
De acuerdo con el senador Roy Barreras, que formó parte del equipo negociador del Gobierno, estudios del Congreso indican que para el posconflicto se necesitan 90 billones de pesos (unos 31.600 millones de dólares) para invertir en los próximos 10 años.
Esos recursos, según Barreras, se deben invertir en desarrollo agropecuario, jurisdicción agraria, formalización y registro de propiedad rural y eficiencia tributaria, entre otros rubros.
Pero esas cifras palidecen frente a un estudio presentado por la senadora Claudia López, quien considera que en los próximos 15 años se requieren 300 billones de pesos (105.300 millones de dólares).
«La inversión más grande es en equidad, en vías terciarias (carreteras rurales), en agua, vivienda, salud, electrificación rural y educación. Eso cuesta 79 billones (27.600 millones de dólares) en los próximos 10 años», dijo López.
En febrero pasado, el Gobierno colombiano y las Naciones Unidas pusieron en marcha el ‘Fondo Multidonante’, creado para recoger recursos para el posconflicto.
Dicho fondo arrancó con 31 millones de dólares aportados por el Gobierno de Suecia y el Fondo Global de Construcción de Paz de las Naciones Unidas. La Unión Europea anunció después que aportará casi 600 millones de euros.
El director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Alejandro Gamboa, dice que el objetivo es conseguir en los próximos cuatro años 3.300 millones de dólares en cooperación de diversos países y organismos para el posconflicto.
Los defensores del proceso de paz consideran que si bien las inversiones son altas, es indispensable hacerlas para la modernización del país e impulsar el sector rural, el más afectado por el conflicto, y que también se debe considerar que al mismo tiempo disminuirá el gasto militar.
Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, con sede en Estocolmo, el gasto militar de Colombia en 2013 fue de 24 billones de pesos (8.400 millones de dólares), frente a casi 11 billones en 2004 (3.800 millones de dólares), lo que mostraría un permanente incremento a medida que avanzaba el conflicto.
Pero aunque posconflicto es ahora la palabra de moda en Colombia, lo cierto es que la confrontación armada no termina del todo porque subsisten grupos que permanecen en la clandestinidad y que incluso pueden cometer ataques para deteriorar la confianza ganada entre el Gobierno y las FARC.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que surgió casi al mismo tiempo que las FARC, se mantiene en armas y afirma que respeta pero no comparte el acuerdo de paz.
Asimismo, siguen en plena actividad bandas armadas dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal que a veces expiden comunicados con los que pretenden mostrar que tienen motivaciones políticas para parecerse a los grupos paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron entre 2003 y 2006.
Eduardo Montealegre, que hasta hace poco fue fiscal general, ha advertido que teme que se desate una «guerra sucia» porque existen sectores interesados en la continuación del conflicto.
«Cuando se empieza a hablar de reforma agraria, de reforma urbana, de hacer unos ajustes estructurales al modelo de Estado en Colombia, se van a afectar muchos intereses», afirma el ex fiscal.
