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Colombia aprueba su reforma fiscal entre críticas de la oposición y los empresarios

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

La Cámara de los Representantes de Colombia ha aprobado un nuevo estatuto tributario de 72 artículos que deberá sancionar el presidente Juan Manuel Santos y que debería empezar a regir en enero de 2015. Los empresarios y la oposición no están muy contentos con ella. La Cámara de los Representantes de Colombia ha aprobado un nuevo estatuto tributario de 72 artículos que deberá sancionar el presidente Juan Manuel Santos y que debería empezar a regir en enero de 2015. Los empresarios y la oposición no están muy contentos con ella.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha esta nueva tributación permitirá al Ejecutivo colombiano cumplir con el plan de inversiones y gastos para los próximos cuatro años y así mantener el crecimiento económico, que en el tercer trimestre ha avanzado un 4,2%.

Los empresarios y la oposición ven en esta reforma un freno para los inversores, a lo que el ministro ha señalado que esta modificación “no busca tapar un hueco fiscal, busca mantener unos ingresos que el país ha venido recibiendo en los últimos 10 años sobre los que se generaron obligaciones de gastos”.

No opina así el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, que consideran que como la reforma afectará a la clase media espantará a los inversores. Uribe critica también que en caso de firmar la paz con las FARC, el Gobierno no incluye esta partida en la reforma.

Entre las novedades que introduce está la creación de un impuesto a la riqueza para aquellas personas que tengan un patrimonio neto mayor a 409.000 dólares. Este gravámen se cobrará por tres años y será de 1,15% en 2015, del 1% en 2016 y del 0,4% en 2017, para desaparecer en 2018.

Igualmente, la ley incluye un impuesto sobre la renta y la equidad que pagarán personas con rentas superiores a 327.000 dólares del 5% en 2015, del 6% en 2016, del 8% en 2017 y 9% en 2018 y que a partir de ese año será permanente y se utilizará, en gran parte, para financiar programas de educación superior. También incluye un impuesto a personas que tengan un patrimonio neto de deuda mayor a 409.000 dólares. Así lo desgrana el diario español El País, que analiza estos artículos, entre otros.

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