El gobierno brasileño tiene ya casi listo un decreto que introducirá una enmienda en los contratos de infraestructura existentes de tal forma que otorgará más tiempo a las concesionarias. El gobierno brasileño tiene ya casi listo un decreto que introducirá una enmienda en los contratos de infraestructura existentes, de tal forma que otorgaría más tiempo a los inversores para extender sus operaciones bajo los mismos términos de sus concesiones, según ha señalado el periódico O Estado de S.Paulo.
Un plan con el que, oficialmente, el Gobierno carioca pretende evitar una cancelación en las licencias de los contratos existentes que les obligase a tener que cursar una nueva licitación. Pero también desbloquear las inversiones en el sector.
Y es que, según la versión reflejada por O Estado de S.Paulo, citando a fuentes de los propios operadores, una intrincada serie de requisitos legales concernientes a los actuales contratos están retrasando más de 30.000 millones de reales (una cantidad en torno a los 9.550 millones de dólares) en inversiones en infraestructuras.
No obstante, estas mismas fuentes matizaron que las nuevas reglas solo beneficiarían a las compañías que no estuviesen involucradas en la investigación «Lava Jato» sobre corrupción.
Así, dicha cifra afectaría a unos 10.000 kilómetros de rutas federales que, en la actualidad, operan bajo concesión y que incluyen a corredores clave como la carretera BR-163, por dónde se trasladan los granos producidos en Mato Grosso que tienen como destino la exportación.
No en vano, la economía de Brasil depende en gran medida de su capacidad de producir y exportar granos y otras mercancías agrícolas; lo que, a su vez, requiere del desbloqueo de estas infraestructuras.
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