El Gobierno argentino y organizaciones políticas y sociales llegaron además a un acuerdo por el que declararán la emergencia social en el país durante tres años El ministro de Trabajo de Argentina, Jorge Triaca, aseguró que la ley de emergencia social que el Gobierno acordó impulsar con organizaciones de la sociedad civil ayudará a construir el «sendero a la empleabilidad» y reducir la informalidad en el país austral, en una entrevista publicada hoy.
«Parte de la tarea que tenemos como Gobierno y como sociedad es atender a esos cuatro millones de trabajadores que están en la informalidad: tenemos que trabajar para que tengan cobertura de seguridad social y aportes previsionales», señaló el funcionario en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación.
El Gobierno argentino y organizaciones políticas y sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular llegaron el pasado miércoles a un acuerdo por el que declararán la emergencia social en el país durante tres años, lo que significará una inversión de unos 30.000 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares).
La medida ya recibió media sanción en el Senado antes de dicha reunión -en la que participaron la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el titular del bloque de Diputados del oficialista PRO, Nicolás Massot, y el mismo Triaca- y se prevé que sea aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre.
Según el texto suscrito, el objetivo es «garantizar la paz social» en el país y luchar contra el desempleo y la pobreza mediante medidas como el aumento de las asignaciones universales.
En la entrevista, Triaca afirmó que se trata de una «reasignación de partidas» que el Gobierno le ha propuesto a las organizaciones para financiar un nuevo registro de trabajadores de la economía popular que permita constatar que los recursos «vayan a los beneficiarios» así como construir «un sendero hacia la empleabilidad» y la «formalidad».
A su juicio, en los últimos cinco años, el empleo «se ha estancado» en Argentina y por ello, según dijo, también hablaron con las asociaciones sobre la «recuperación de la cultura del trabajo» y la forma de mejorar sus capacidades «para generar más oportunidades de empleo formal».
En octubre pasado, en una mesa de diálogo entre el Gobierno, cámaras empresariales y centrales sindicales, se acordó que en el ámbito privado cada sector negocie, aunque de forma no vinculante, la entrega de un bono de fin de año por un mínimo de 2.000 pesos (127 dólares).
Según Triaca, el número de trabajadores que finalmente se beneficiará de este pago es «significativo», ya que «de los 6,2 millones de trabajadores del sector privado, solo en la paritaria que se firmó para los sectores de construcción y de comercio ya hay 1,6 millones».
En cuanto a las negociaciones salariales del próximo año, afirmó que deberán basarse en la inflación «efectiva» de 2017, que, en su opinión, muestra una tendencia «claramente a la baja».
En ese sentido, el proyecto de Presupuesto de 2017 del Gobierno de Mauricio Macri registra una proyección de inflación del 17% para el próximo año, pero los sindicatos estiman que en 2016 cerrará en torno al 42%.
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