«Se utilizó excesiva fuerza policial para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos», ha indicado el servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado, en el que ha añadido que esto «constituye otra violación de la libertad de expresión, de la libertad de religión o creencia».
En un paso más, la UE ha instado a las autoridades nicaragüenses a «poner fin a toda represión» y restablecer el respeto de los Derechos Humanos así como a liberar «de forma inmediata e incondicional» a todos los presos políticos y anular sus procedimientos judiciales.
En este sentido, la UE ha asegurado que seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su «legítima aspiración a la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho».
Además, el servicio comunitario ha denunciado que desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha desatado niveles de violencia «sin precedentes» contra su propio pueblo, llevando a cabo actuaciones tales como asesinatos, desapariciones forzosas, encarcelamiento, hostigamiento o intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de los Derechos Humanos y líderes religiosos.
La UE ha recordado que, en la primera mitad de 2022, las autoridades del país cerraron «injustificadamente» más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil y que Nicaragua cuenta con 180 presos políticos, que «están encarcelados sin respectar la constitución nicaragüense».
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