Sendos organismos han advertido del riesgo que las empresas de América Latina y el Caribe afrontan ante la reducción de sus inversiones tras la pandemia, lo que, a su vez, limitaría la recuperación económica de la región.
En este sentido, el documento resalta que para evitar una especie de «Covid económico de larga duración», donde un sector privado débil no consigue crear puestos de trabajo ni estimular el crecimiento económico, los gobiernos latinoamericanos y caribeños deberían aplicar activamente una serie de políticas para ayudar a las empresas a impulsar la inversión y contratar nuevos empleados.
El estudio ha recogido una muestra de las hojas de balance de las empresas más grandes de Latinoamérica y el Caribe y ha desvelado que la inversión cayó bruscamente en la región, al tiempo que los niveles de endeudamiento siguen siendo elevados, particularmente en los sectores más afectados por el coronavirus. Además, la demanda de trabajadores formales disminuyó y el empleo informal aumentó considerablemente durante la recuperación.
De su lado, las pequeñas empresas, que a menudo tienen un acceso limitado al crédito, fueron las más castigadas por la crisis. El informe concluye que las empresas más pequeñas siguen enfrentándose a más problemas financieros y son más propensas a retrasarse en los pagos de la deuda, por lo que una parte importante de estas cierra.
Entre las recomendaciones del texto se encuentran la creación de una nueva institución público-privada independiente y de carácter transitorio con el mandato de identificar y apoyar a las empresas que sufrieron durante la pandemia pero que aún son viables y necesitan inversiones; además de la promoción de estrategias de digitalización en cada país, con un enfoque en políticas efectivas en términos de coste y que fomenten el crecimiento, como la priorización de la inversión en infraestructura digital.
El documento también menciona políticas para impulsar e incubar empresas jóvenes; procedimientos legales más sencillos, transparentes y eficientes; una mayor flexibilidad de los tribunales, mejores marcos de insolvencia y un foro internacional de asistencia a las quiebras ayudarían a las empresas fracasadas a reformarse o a concluir sus actividades.
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