El Banco Mundial urge a impulsar reformas para evitar otra década pérdida en Latinoamérica y el Caribe

En un nuevo informe difundido este miércoles, el BM advirtió que esa región, con la pobreza en su mayor nivel en décadas, tardará años en recuperarse de la crisis del coronavirus si no toma medidas inmediatas para impulsar el crecimiento.

Si bien se prevé para 2021 un crecimiento regional del 6,3 por ciento, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no podrá revertir la contracción del 6,7 por ciento que sufrió en 2020, y las previsiones de crecimiento para el próximo bienio están por debajo del 3 por ciento, lo que genera recelos de «una nueva década perdida en términos de desarrollo», advierte el informe titulado ‘Reconstruyendo economías dinámicas pos-COVID con restricciones presupuestarias’.

Para alcanzar el ritmo de crecimiento necesario y reducir las tensiones sociales, según el BM, la región debe impulsar de inmediato «reformas muy postergadas aunque viables» en materia de infraestructura, educación, salud, política energética e innovación, así como responder a los nuevos retos que plantea el cambio climático.

«El desafío es lograr una fuerte recuperación que brinde oportunidades de trabajo y sane las heridas de la crisis», cita el comunicado de prensa a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe.

William Maloney, economista en jefe del BM para América Latina y el Caribe, señala a su vez que la región afronta hoy un aumento significativo del gasto, lo que resulta en mayores niveles de déficit y deuda pública, de un 75,38 por ciento del PIB como promedio. «Dado el imperativo de impulsar un crecimiento más dinámico, inclusivo y verde dentro de un contexto de escasez de recursos, los gobiernos deberán replantearse cuál es la mejor y más eficiente manera de utilizar los recursos públicos», según Maloney.

Entre las medidas más urgentes, el banco insta a replantear las prioridades de gasto público en materia de salud, educación, investigación y desarrollo, generación y consumo de energía; reducir la ineficiencia del sistema de contrataciones públicas y los programas de transferencias; y potenciar los ingresos aumentando los impuestos ‒particularmente, sobre la propiedad, los alimentos no saludables y las emisiones de carbono y, en menor medida, la renta de las personas‒ sin afectar de forma significativa el crecimiento.

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