Dinero en Bolivia
El Gobierno boliviano salió al paso este domingo ante los rumores de un posible default en el pago de su deuda externa.
Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, Bolivia enfrenta un problema de liquidez, no de solvencia, y continúa cumpliendo puntualmente con sus obligaciones internacionales.
Las tensiones políticas entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales habrían paralizado la aprobación de créditos por casi 1.850 millones de dólares, esenciales para aliviar la escasez de divisas.
El Ejecutivo asegura que sigue pagando su deuda externa pese al bloqueo legislativo que impide el ingreso de nuevos créditos internacionales
El ministro Montenegro, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV, fue enfático: “Bolivia tiene un problema de liquidez, no de solvencia. Y le decimos a todos esos analistas que intentan decir a la población que solvencia es lo mismo que liquidez: no tiene que confundirse un término con otro”.
Con esta declaración, el Ejecutivo busca frenar la especulación financiera y política en torno a un posible incumplimiento de pagos, en un contexto de creciente preocupación social por la falta de dólares, el encarecimiento de productos básicos y la incertidumbre económica.
El origen de la crisis actual se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el enfrentamiento entre las facciones del presidente Arce y Evo Morales mantiene en suspenso la aprobación de 16 proyectos de ley de créditos internacionales, que en conjunto suman 1.849 millones de dólares.
Estos recursos son considerados clave por el Gobierno para mejorar la disponibilidad de divisas en el país y enfrentar la creciente demanda de dólares en el mercado interno.
La escasez de divisas se agrava por la caída del gas y la falta de acuerdos políticos que permitan acceder a financiamiento externo
La crisis de divisas que afecta a Bolivia se arrastra desde 2023, cuando se redujeron de forma significativa las exportaciones de gas natural a Argentina, una de las principales fuentes de ingresos del país. Esta situación ha dificultado la importación de carburantes, presionando los precios internos y generando inflación en productos de la canasta básica de alimentos.
Aunque el Gobierno sostiene que el país mantiene su capacidad de pago, la falta de liquidez se traduce en una economía tensionada, donde los márgenes de maniobra del Ejecutivo se reducen sin la aprobación de los créditos internacionales.
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