«Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos», dijo Lawlor.
Ilustró lo dicho con ejemplos concretos de 10 personas a las que se les dictaron sentencias judiciales de duración diferente, desde 20 hasta más de 55 años de prisión, que suman casi 300 años de prisión en su conjunto.
Según la experta, es «el extremo de una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal» que tiene como objetivo limitar la capacidad de los defensores de proteger a sus comunidades y los derechos humanos en sus tierras.
El trabajo de los defensores condenados, continuó, se centra en la prevención de «la explotación de los recursos naturales y la tierra, el efecto perjudicial del modelo económico extractivista y la delincuencia organizada».
En este contexto, instó a las autoridades competentes a revocar las sentencias injustas impuestas a los defensores indígenas.
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