La petrolera estadounidense ConocoPhillips pidió este martes a una corte federal de Delaware que los activos de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, sirvan para pagar su compensación por una expropiación en Venezuela.
Esta petición se produce después de que la semana pasada, una corte de apelaciones del mismo distrito rechazara realizar una nueva audiencia en otro caso que enfrenta a la petrolera estatal PDVSA con la minera canadiense Crystallex que pide una compensación por la estatización de una mina en 2011.
En un julio un tribunal determinó que la minera canadiense podrá confiscar acciones de Citgo para resarcir un pago de 1.400 millones de dólares por la nacionalización de la mina Las Cristinas.
«ConocoPhillips debería tener derecho a una orden de ejecución al menos en la misma medida que la que se emitió en el caso de Crystallex», pidieron los abogados de la petrolera al tribunal.
El año pasado, la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) otorgó a ConocoPhillips el pago de una compensación de 2.000 millones de dólares más intereses por la nacionalización de activos en Venezuela en 2007.
Según los documentos judiciales, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hizo algunos pagos, pero después dejó de abonar sus obligaciones.
Sin embargo, cualquier decisión del tribunal en este caso está supeditada por una orden emitida por el Departamento del Tesoro la semana pasada que prohíbe que los demandantes contra Venezuela hagan cumplir sentencias sin una autorización de Washington, como parte de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde febrero, Citgo está dirigida por una junta designada por el líder opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Donald Trump entregó el control de la compañía después de reconocerlo como presidente interino, por considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo por irregularidades electorales.
Citgo, una refinadora y comercializadora de combustible clave para PDVSA antes de que Washington le impusiera severas sanciones a la petrolera estatal en enero, es vista por la oposición como un «motor» económico para una eventual Venezuela post Maduro.
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