«Responsabilizamos al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2024», señala una carta pública, difundida por el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil en la red social X.
En la misiva se establece que la persistente declaratoria de un conflicto armado no internacional, rechazada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado y ello ha desvirtuado la misión institucional de las Fuerzas Armadas (FFAA) e instaurado un clima de terror contra la ciudadanía.
Según el documento, hay registro de tortura, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos derivados de la medida que adoptó el Gobierno para enfrentar una ola delincuencial sin precedentes en el país, que incluyó explosiones de coches-bomba, secuestros e incluso la irrupción de un grupo armado a un canal de televisión con transmisión en vivo.
En el texto se afirma que en este contexto de militarización y de grave riesgo para la vida y la integridad de la población ecuatoriana se han denunciado graves violaciones de derechos humanos, y se critica la movilización de los militares, al considerar que han sido formadas para combatir al «enemigo» y no a la ciudadanía.
«Lo que el país necesita es una política pública integral, con medidas efectivas, integrales, estratégicas, técnicas y profesionales, de mediano y largo plazo que aborde los factores que inciden en el aumento y proliferación del crimen organizado», añade el documento.
Al respecto, se menciona que tres comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron a Ecuador en agosto de 2024 sobre las graves violaciones derivadas de la presencia de las FFAA en tareas de seguridad ciudaldana sin control ni fiscalización, como fueron el Comité contra la Tortura, el Comité de DDHH y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
En la carta, se recuerda que este tema ya fue denunciado por las Coaliciones de Defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en febrero 2024, en su alerta al Comité Derechos de los Niños, donde se enfatizó el reclutamiento de menores y adolescentes por parte del crimen organizado y del altísimo número asesinatos cometidos contra ellos.
«Existe una infinidad de casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros que afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana», remarcó el comunicado.
Además, apuntó que cada niño, niña y adolescente negro criminalizado es el resultado de la naturalización del racismo.
Este pronunciamiento tiene lugar en momentos en que está en investigación un caso de cuatro niños desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Guayaquil (suroreste), tras ser capturados por una patrulla de 16 militares, y posteriormente abandonados a más de 40 kilómetros del lugar donde se produjo su detención.
Al respecto, se señala en el comunicado que Saúl Arboleda (15 años), Steven Medina (11 años), y los hermanos Josué (14 años) e Ismael Arroyo (15 años) fueron detenidos ilegalmente por parte de los militares «sin seguir los procedimientos establecidos».
Ratificó, además, que este hecho constituye un claro caso de desaparición forzada, como lo sentenció la jueza constitucional Tanya Loor Zambrano el 24 de diciembre de 2024, quien resaltó el grave riesgo al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en un contexto de estado de excepción.
En el documento, se enfatiza que este no sería el único caso de desaparición forzada, debido a que en los últimos tres meses se reportaron hechos similares relacionados con operativos realizados por las Fuerzas Armadas en la región de la costa.
Las organizaciones exigieron al gobierno que todos los casos de violaciones a derechos humanos ocurridos en 2024 sean investigados y demandaron a la Fiscalía y a los organismos de la administración de justicia a que realicen las pesquisas pertinentes para establecer las responsabilidades correspondientes en todos los casos.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran, además, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; la Alianza por los Derechos Humanos; la Asociación Solidaridad y Acción (ASA) y el Pacto por la Niñez y la Adolescencia, Voz Afro, Sobrevivientes Ecuador; el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna); la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Universidad de las Artes.
