Ecuador vive en 2024 otro año de inseguridad y violencia

Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, el Departamento de Información de la Policía Nacional registró 6.226 homicidios intencionales, en comparación con los 7.499 registrados en 2023.

Jean Paul Pinto, académico y consultor ecuatoriano en temas de Seguridad, Inteligencia y Prospectiva, dijo a la Agencia Sputnik que estos datos corresponden a «resultados mitigados» a partir de continuos estados de excepción, que sin embargo no han logrado contener el fenómeno que impacta al país.

«Cuando me refiero a «mitigar» es que en este año puede reducirse un poco el número de muertes violentas, pero, sin embargo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sí va a estar más alta que la de México y de Colombia por segundo año consecutivo», precisó.

En 2023, Ecuador registró 47 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que convirtió al país en el más violento de la región.

En tanto, el 2024 inició con una ola de violencia sin precedentes que incluyó coches bomba, detonaciones, ataques, secuestros extorsivos, toma de guías penitenciarios como rehenes, motines carcelarios e incluso la irrupción de un presunto grupo delincuencial en un estudio de televisión mientras se realizaba un programa en vivo.

El país entró en pánico y el Gobierno decretó el primer estado de excepción de su mandato por grave conmoción interna, declarando además un «conflicto armado no internacional» para enfrentar a una veintena de grupos del crimen organizado, cuyo accionar declaró como «terrorista».

En este contexto se confirmó la fuga de Rodolfo Macías, alias Fito, señalado como el líder de la banda de delincuencia organizada Los Choneros, quien cumplía una pena de 35 años de prisión por los delitos de narcotráfico y asesinato, entre otros, sin que a fines de este año se haya podido establecer su paradero.

NO HAY PLAN

Pinto, docente en la Universidad del Valle de la ciudad colombiana de Cali, dijo que es difícil hacer un análisis de cómo el Gobierno, que asumió de forma interina el 23 de noviembre, ha enfrentado este fenómeno.

Especificó que por un lado representa un periodo muy corto para poder mostrar datos relevantes, y, por otro, se desconoce el contenido del Plan Fénix, elaborado para mejorar la seguridad pública y anunciado por el Gobierno al tomar posesión.

«No hay un plan, o sea, el plan siempre se lo manejó de forma muy secreta y eso me parece que es un error, porque es una política pública y eso hace muy difícil realizar su evaluación, porque no contamos con instrumentos en ese sentido», aseveró.

El experto refirió además que el Plan Nacional de Seguridad Integral, bajo responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, no ha sido oficializado.

«El Ecuador carece hasta el momento de ese plan que está en la ley y que es mandato del Ministerio de Defensa», explicó.

Añadió que el Gobierno de Noboa ha hecho lo contrario a lo que señala su Plan de Seguridad presentado al Consejo Nacional Electoral.

«Vemos que no se ha cumplido nada, incluido el video promocional donde salía esta Central Nacional de Inteligencia con robots y estos policías que parecían Robocop; tampoco se ha hecho nada y muy poco en temas de equipamiento para la Policía», indicó en referencia a los mensajes de campaña de Noboa previo a las elecciones de 2023.

En cuanto a la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una promesa de campaña del actual mandatario, el analista afirmó que hubo un «mal manejo» del tema, ante el incumplimiento de lo estipulado para el establecimiento de un proyecto, lo cual ha traído consigo el rechazo de las comunidades donde se ubicarán estos penales, uno en Santa Elena (sur) y otro en Napo (Amazonía).

«El tema de cárceles fue mal gestionado y mal manejado porque cuando uno intenta colocar una cárcel en un espacio territorial, la primera cosa es la reunión previa con la comunidad, con las autoridades locales, con los gremios de asociaciones locales para entender sus demandas y preocupaciones», apuntó.

SIGUEN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Tras la primera masacre carcelaria en penales militarizados este año, ocurrida en noviembre, que dejó al menos 17 presos asesinados, el Gobierno prorrogó nuevamente en diciembre el estado de excepción para siete provincias y dos municipalidades, argumentando que persiste la inseguridad en el país, con ataques a la fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) y a sectores estratégicos, así como a personas civiles «con violencia extrema».

Para el especialista, el Gobierno persiste en su estrategia de renovar constantemente los estados de excepción, buscando obtener resultados diferentes.

«Eso nos lleva a que se siga haciendo lo mismo y se obtengan los mismos resultados y con un final de año (2024) con datos muy mitigados en este primer año del Gobierno», enfatizó.

Apuntó, además, la necesidad de que las políticas integrales apunten a una mayor participación del sector privado y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Pinto estima que al finalizar 2024 las muertes violentas estarán por debajo de las 8.000, pero considera que en Ecuador es difícil asegurarlo a causa de las matanzas que se multiplican en el país.

A fines de noviembre fueron asesinadas siete personas en la municipalidad de Durán (provincia de Guayas, suroeste) y 10 más al iniciar diciembre en la localidad de El Guabo, provincia de El Oro (sur).

El Gobierno admitió que si bien los actos cometidos por los grupos armados organizados se han contenido y en ciertos casos neutralizado, sigue habiendo gran cantidad de delitos de sicariato, secuestros, así como actos violentos con los que se busca controlar parte del territorio, principalmente en zonas estratégicas para el «encaletamiento» (escondite) de sustancias sujetas a fiscalización que trafican los grupos de delincuencia organizada.

Para el analista, a Ecuador le va a tomar mucho tiempo poder revertir esta situación y cree que ni siquiera el próximo gobierno, que será elegido en febrero de 2025 y asumirá en mayo de ese mismo año, podrá solucionar esta situación a corto plazo.

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