Con el argumento de restaurar el orden y la seguridad, el oficialismo en Ecuador ha impulsado la aprobación de una controvertida legislación que reforma más de una veintena de cuerpos normativos. Sin embargo, legisladores opositores denuncian que la nueva ley es una estrategia para debilitar la estabilidad laboral de los servidores públicos, aumentar la represión penal sobre los adolescentes y desviar el foco del verdadero combate a la corrupción, al vulnerar principios constitucionales fundamentales.
Uno de los puntos más cuestionados de la Ley Orgánica de Integridad Pública es la derogación del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que garantizaba la estabilidad en el empleo de los servidores públicos y el derecho preferente a la reubicación en caso de supresión de su plaza.
Según el parlamentario de Revolución Ciudadana (RC), Luis Fernando Molina, “bajo el discurso de orden y seguridad se aprobó una ley que atropella derechos y viola la Constitución”. Molina también advirtió que la normativa excluye a cooperativas, artesanos y pequeños productores, afectando directamente a la economía popular.
La ley elimina el derecho de reubicación para servidores públicos cuyo puesto sea suprimido, rompiendo un principio clave de protección laboral
La normativa también endurece las penas para menores de edad implicados en delitos graves, imponiendo sanciones de hasta 15 años de privación de libertad, aunque contempla una reducción del 50% si el menor colabora con la justicia.
Molina denunció que esta medida ignora la realidad de muchos adolescentes que actúan bajo coacción de mafias criminales y calificó estas penas como una respuesta punitivista que no resuelve el problema estructural.
La ley es señalada por la oposición como una amenaza a los derechos de la infancia, al introducir artículos penales sin conexión temática con el resto del texto
Otro eje del proyecto es la declaratoria de emergencia del sistema judicial, lo que habilita una evaluación anticipada obligatoria de jueces y fiscales. También se incorpora un nuevo delito de prevaricato, que castigará a fiscales que actúen de forma arbitraria para beneficiar a delincuentes, con inhabilitación laboral por el doble del tiempo de la pena impuesta.
La Asamblea Nacional defiende esta medida como parte de una estrategia para limpiar el sistema judicial y acabar con la corrupción estructural.
La ley permite sancionar con dureza a funcionarios judiciales, pero expertos advierten que podría usarse como herramienta de persecución política
Entre otras disposiciones, se incluye la expulsión del país de reos extranjeros una vez cumplida su condena. Esta medida busca aliviar el hacinamiento penitenciario, que afecta a unas 4.000 personas, de las cuales 1.600 son extranjeras.
La legisladora oficialista Valentina Centeno defendió el texto como una ley “necesaria, justa e inédita”, destacando que incluye reformas integrales enfocadas en la protección de la vida y la dignidad humana. “Se acabó la fiesta para los corruptos y los delincuentes”, sentenció.
No obstante, desde la oposición se insiste en que la ley viola el principio de unidad de materia, al incorporar reformas laborales, penales y judiciales en un solo cuerpo normativo sin relación directa.
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