Este hecho ha puesto sobre la palestra pública otros casos de desapariciones a manos de agentes de seguridad, en medio del clamor ciudadano y de defensores de los derechos humanos porque sean encontrados con vida y sean sancionados los responsables.
Esta es la cronología de este suceso, en medio de la conmoción en este país andino tras el hallazgo de cuatro cadáveres en la misma zona donde fueron presuntamente abandonados por los 16 militares que los arrestaron frente a un centro comercial.
– 8 de diciembre: Cuatro adolescentes, los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), y Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años), van a jugar fútbol y luego desaparecen.
Pocas horas después, un desconocido, ahora testigo protegido, se comunica por la vía telefónica con el padre de uno de los niños y le informa que están frente a su casa, desnudos y golpeados.
Uno de los niños establece comunicación con su padre y le informa las circunstancias en que se encuentran y que vayan a rescatarlos, en la zona de la Base Aérea de Taura, sede de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la cual pertenecen los militares que arrestan a los niños.
Los padres de los menores interponen la denuncia ante la Fiscalía el mismo día de la desaparición, pero el caso no se conoce públicamente durante13 días, luego que la información se viralizara en las redes sociales y empezaran a pronunciarse activistas de derechos humanos y actores políticos, en demanda de acción al Gobierno.
-18 de diciembre: Los familiares de los niños interponen una segunda denuncia en la Fiscalía por la presunta desaparición forzada.
– 19 de diciembre: Las Fuerzas Armadas informan que cooperan en la búsqueda con la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, brindan facilidades necesarias a la Fiscalía General y ejecutan medidas para este tipo de eventos.
– 20 de diciembre: El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos (CDH) de Guayaquil presenta, en compañía de las familias de los niños desaparecidos en Guayaquil, una solicitud de ‘habeas corpus’ en favor de los menores y pide una acción urgente al grupo de trabajo de desaparición forzada de ONU.
– 21 de diciembre: Un día después, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador informa que el proceso de investigación respecto a la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad se llevará a cabo desde la capital, Quito.
La Asamblea Nacional convoca al alto mando militar a comparecer ante una comisión legislativa permanente para que se expongan los detalles de la captura de los menores y avances de la investigación.
En esta misma fecha y tras varios días de silencio, el Bloque de Seguridad, encabezado por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, deslinda la participación de los militares en la desaparición de los menores y rechaza el uso del término de «desaparición forzada».
En la misma alocución, el jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Jaime Vela, asegura que los militares de la patrulla no tienen responsabilidad con los hechos posteriores a la liberación de los niños y anuncia la creación de un consejo disciplinario.
– 22 de diciembre: El presidente, Daniel Noboa, se pronuncia por primera vez públicamente sobre el caso en su red social X.
El mandatario afirma: «Cero impunidad», sea quien sea. Esa época fue otra. Y mientras yo sea presidente, no volverá. Como padre de familia y su comandante en jefe, dispuse que debe darse toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de Fiscalía».
La Fiscalía informa que abrió una investigación por el presunto secuestro de los cuatro niños, en el que estarían involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.
– 23 de diciembre: El ministro de Defensa admite en una entrevista que los menores fueron aprehendidos por una patrulla militar en el barrio Las Malvinas, en el sector del sur de Guayaquil, y asevera que existe un parte militar donde se señala que los niños fueron denunciados por ciudadanos porque estaban robando.
Por su parte Noboa sugirió que una comisión declare a los cuatro niños como «Héroes Nacionales».
La Fiscalía allanó la Base de Taura, a donde pertenecen los informados involucrados.
Este día, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se reunió con familiares de los niños desaparecidos y exigió que los hechos se investiguen conforme los protocolos de desaparición forzada.
Activistas, defensores y ciudadanía en general se autoconvocan en redes para realizar plantones en varias ciudades del país (Guayaquil, Cuenca y Quito) para exigir al Gobierno y a los militares que devuelvan con vida a los niños.
– 24 de diciembre: Se reporta el hallazgo de cuatro cadáveres en las cercanías de Taura, cantón Naranjal, a unos 30 kilómetros de Guayaquil y donde se ubica la Base Aérea a la cual pertenecen los militares implicados en este hecho.
Este mismo día, la jueza constitucional Tania Loor Zambrano, en audiencia, acepta ‘habeas corpus’ en favor de padres de los menores y declara su desaparición forzada.
Además, la Fiscalía General dispuso fijar fecha de audiencia para formular cargos contra 16 militares por presunta desaparición forzada de cuatro menores.
En esta fecha el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada insta al Gobierno de Ecuador a adoptar medidas para la ‘búsqueda inmediata» de los niños.
– También la oficina de la ONU Derechos Humanos para América del Sur (Acnudh) y la oficina regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para América Latina y el Caribe expresan su «profunda preocupación» por el paradero de los niños.
– La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) emite una «Petición de Acción Urgente» sobre estos hechos al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU para garantizar la búsqueda de los menores e investigar el caso.
– 25 de diciembre: Los padres de los pequeños se presentan en la morgue para procedimientos periciales y aún se espera la confirmación de la identidad. Medios locales informan que los cuerpos encontrados estaban calcinados, lo cual ha obstaculizado su identificación.
– 26 de diciembre: Dos militares de los 16 implicados en la desaparición forzada de cuatro menores dicen al medio de comunicación digital La Posta que abandonaron «sanos y salvos» y rechazan haberlos golpeado antes de su liberación.
«Nosotros estamos con toda la verdad, diciendo que los dejamos vivos», dijo una persona identificada como «Militar Uno».
Según relata, la patrulla llevaba a los menores detenidos a una Unidad de Policía Comunitaria, pero ellos les pidieron que los dejaran libres porque no querían ir presos tras haber sido denunciados por la ciudadanía de un delito flagrante.
El «Militar Dos» señala respecto a unas motos que salieron de la Base Aérea de Taura con policías a bordo que fue una casualidad que salieran a esa misma hora. (Según el testigo protegido, a los niños se los llevó «la mafia» en motos).
– 27 de diciembre: La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) exige al Gobierno y a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) investigar el paradero desconocido de nueve personas desde la instauración del «conflicto armado interno».
Asfadec mencionó en el listado de desaparecidos este año a los nombres de Kleiner Pisco, de 15 años; Carlos Pisco, de 17 años; Miguel Morán, de 21 años; Dave Robin Loor Roca, 20 años y Juan Daniel Santillán.
– 30 de diciembre: El alto mando militar de Ecuador intenta justificar la desaparición forzada de los menores y califican como «incidente» la detención de los niños por parte de uniformados.
«Demando que este ‘malhadado incidente’ no lesione la institucionalidad de las Fuerzas Armadas en su misión de preservar la paz y la tranquilidad de todos los ecuatorianos», dice el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, durante una comparecencia ante la Comisión Parlamentaria Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.
– 31 de diciembre: Está prevista la audiencia de formulación de cargos contra 16 miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) por el presunto delito de desaparición forzada en la Unidad Judicial Penal Sur en Guayaquil.
