Avianca alerta de que será inviable si no recibe el préstamo del Gobierno colombiano

La aerolínea Avianca ha alertado de que su operativa será inviable en el caso de no recibir el préstamo de 370 millones de dólares (311 millones de euros) del Gobierno colombiano, actualmente paralizado por las instancias judiciales del país.

En un comunicado remitido al regulador colombiano, la aerolínea ha detallado punto por punto la necesidad de desembolsar dicho préstamo, donde se detalla, en primer lugar, que el crédito recoge unas condiciones económicas favorables para los acreedores, garantías sobre activos y prioridad del pago de la deuda del Gobierno de Colombia.

Avianca ha advertido de que la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pone en riesgo la viabilidad de la empresa y la conectividad del país.

«La financiación DIP está estructurada en condiciones de mercado que incluyen un retorno que compensa adecuadamente el riesgo de más de 90 financiadores (entre los que se encuentra el Gobierno Nacional) que han manifestado su intención de participar en la misma», versa el texto.

Además, la compañía asegura que la financiación DIP prevé garantías sobre activos que, de acuerdo con valoraciones objetivas adelantadas por bancas de inversión y firmas de consultoría internacionales, representan más del doble del valor a financiarse bajo el tramo A, en el cual participa el gobierno.

PÉRDIDA DE 123.000 EMPLEOS

Por otro lado, la sociedad ha incidido en que la acción pondría en riesgo 123.000 empleos al año, así como el 3,2% del PIB y la recaudación de unos 1.300 millones de dólares (1.095 millones de euros) en impuestos para el país andino.

«De mantenerse la medida cautelar y por tanto de condenarse a Avianca a desaparecer, se causaría al patrimonio público una mayor afectación que la que representaría el desembolso del crédito», argumenta la empresa, que añade que, entre las condiciones que el Gobierno impuso para otorgar el financiamiento, se encuentra la de mantener las oficinas principales de administración de Avianca en Colombia, mantener su centro de operaciones en Bogotá e invertir, al menos, todos los recursos desembolsados por las autoridades en Colombia.

La compañía también argumenta que el impacto al interés público del país llegaría más allá de la conectividad, ya que se impactaría de manera negativa en buena parte de la reactivación económica del país, con particular impacto en sectores como el turismo.

Avianca explica que una reducción «tan dramática» en la oferta del servicio público esencial de transporte aéreo vulneraría derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y el mínimo vital de miles de ciudadanos, tal como ha reconocido la Corte Suprema de Justicia.

«Además de la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre total de Avianca -como ya lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia- perjudicaría el transporte de pacientes, medicamentos, órganos, sangre, insumos médicos, así como víveres, productos perecederos y alimentos a múltiples destinos nacionales con dificultades de acceso», expresa la compañía.

Por último, la aerolínea indica que la falta del préstamo provocaría la desaceleración aún mayor en el turismo y en la cadena de valor del sector aéreo, teniendo en cuenta el peso de la compañía en el mercado colombiano.

«Avianca confía en que el Tribunal analice los argumentos expuestos y los de los demás demandados dentro de los plazos legales previstos (cinco días hábiles) y con la misma celeridad con que analizó los argumentos del demandante», apostilla.

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