Costa Rica se aboca a una crisis inédita en su historia: la posibilidad de someter a un presidente en ejercicio, Rodrigo Chaves, a un juicio por presunta corrupción, luego que una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa acordó hay razones para hacerlo.
Tres diputados, elegidos para ser miembros de la Comisión Levantamiento de la inmunidad Contra los Miembros de los Supremos Poderes, tuvieron la responsabilidad de emitir la recomendación, con el voto favorable de dos, opositores, y uno en contra, del oficialismo.
El espinoso asunto será sometido al pleno del congreso en menos de dos semanas, el próximo día 22.
«Mi conclusión es que hay suficientes elementos de prueba para justificar el levantamiento del fuero al señor Rodrigo Chávez, presidente de la república, hay seriedad y consistencia en la acusación y no tuve ningún elemento que me indicara que hay persecución política», fue la conclusión de la presidenta de ese equipo, Andrea Álvarez, del opositor Partido de Liberación Nacional (PLN).
A similar opinión llegó la legisladora Rocío Alfaro, jefa de la fracción del Frente Amplio (FA), la única representación de la izquierda en el parlamento unicameral de 57 escaños.
«(El expediente) es un conjunto de pruebas, de piezas, que dan lugar a considerar que efectivamente estamos ante una acusación con sustento, una acusación seria», dijo en sus conclusiones Alfaro, quien recordó que verificar su veracidad le corresponde a otro poder de la república.
Ambas presentaron el informe de mayoría, aprobado con dos votos a favor y uno en contra, en su sesión final, el 8 de septiembre.
La voz disidente fue la del legislador Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
«No tengo dudas que la solicitud de levantamiento de inmunidad que realiza la fiscalía general de la República constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chaves Robles y (el otro imputado, ministro de Cultura) Jorge Rodríguez», afirmó.
Agregó que no encontró que haya seriedad ni consistencia en la pieza acusatoria. «He logrado concluir que la acusación no contiene los elementos suficientes que evidencien causa probable que permita recomendar al plenario legislativo el levantamiento del fuero», concluyó,
Se trata de las dos posiciones que abordarán los legisladores cuando debatan el tema.
El caso se remonta a octubre de 2022, pero la acusación fue presentada el 7 de abril pasado por el fiscal general, Carlo Díaz, aduciendo que Chaves, valiéndose de su cargo, presionó al empresario Christian Bulgarelli a dar en calidad de comisión 32.000 dólares de fondos públicos a su ex jefe de campaña electoral y amigo personal Federico Cruz.
La condición a Bulgarelli fue, siempre según la acusación, que de no hacerlo, no se le otorgaría un contrato de publicidad de la presidencia con fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 405.000 dólares, que obtuvo.
Díaz envió el caso a la Corte Suprema de Justicia con el pedido de valorar la posibilidad de levantar el fuero a los dos imputados, y esta, en una resolución sin precedentes, envió el expediente, con 15 votos a favor y siete en contra, a la Asamblea Legislativa el 30 de junio.
Un mes exacto después, el 30 de julio, el parlamento aprobó la creación de la comisión.
Ante esta, el fiscal general afirmó el 8 de agosto último que existen audios, documentos y testimonios que respaldan la acusación contra Chaves y el ministro de Cultura, Rodríguez, al momento de los hechos jefe de despacho de la Presidencia.
Chaves, el día 22 de agosto, calificó las acusaciones en su contra de falsas, absurdas y parte de una campaña de persecución política por sus constantes denuncias de corrupción en el órgano judicial y parte de la Asamblea Legislativa.
En este contexto, el congreso deberá definir si quita el fuero de inmunidad al presidente y su ministro para que sean sometidos a juicio, para lo que necesita el voto de las dos terceras partes de los diputados, 38 de 57, de los cuales solo ocho responden al oficialismo.
De aprobarse, el proceso judicial puede empezar en medio de la campaña hacia las elecciones generales del 1 de febrero próximo, y el delito, concusión, conlleva penas de dos a ocho años de prisión.
