Una de las imágenes de la última huelga general celebrada en Colombia. - SEBASTIAN BARROS SALAMANCA / ZUMA PRESS / CONTACTO
En ‘El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’, la ONU ha destacado que las protestas, que se alargaron durante semanas, se produjeron en un contexto de «profundas desigualdades económicas y sociales», y estuvieron marcadas por un «uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía».
En este contexto, el documento concluye que «hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales».
Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76 por ciento de las víctimas murieron por heridas de bala.
Según la información recopilada por la oficina de Derechos Humanos, «existen motivos razonables» para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.
Naciones Unidas ha concluido que, a futuro, Colombia «deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales», y ha resaltado la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones.
Además, ha subrayado que cualquier implicado en causar lesiones o muertes «debe ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes», mientras que el Gobierno debe garantizar «el derecho de las víctimas a una reparación integral».
El informe recuerda, por último, que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica, mientras que en el contexto del paro «no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones».
Más allá del Gobierno, el informe también menciona a los medios de comunicación para mostrar su preocupación por el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes, aunque también ha reprochado los actos de violencia y daños por parte de algunos manifestantes y otros individuos, que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha condenado consistentemente.
En general, Naciones Unidas ha recomendado, además de «garantizar la justicia», adoptar «medidas de reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas», así como «garantizar la no repetición al reconocer lo sucedido».
Tras la publicación de este informe, que se suma al publicado el lunes por la Alcaldía de Bogotá, la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha denunciado que el Gobierno no puede permitir una «descalificación de la institucionalidad y el Estado de Derecho», recoge Blu Radio.
Por lo tanto, ha «exigido» a todos los representantes de Naciones Unidas «no haya personas que hagan activismo político, ni en Colombia ni en ninguna parte». «Eso desdice de una entidad que tiene que ser garante e imparcial», ha agregado.
En la investigación presentada el lunes, que analizaba las protestas que se desataron en Colombia en 2020 tras difundirse un vídeo del asesinato de Javier Ordóñez en septiembre del año, se concluyó que al menos once personas murieron por acciones policiales durante los dos días que duraron las manifestaciones.
Este informe es resultado de una investigación académica liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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