Augusto Pinochet
La existencia de una convención constitucional que está redactando una nueva Carta Magna en sustitución de la aprobada por el régimen cívico militar en 1980 y la aparición en la escena política del candidato José Antonio Kast, que defiende al ex general, han vuelto a situar a Pinochet (1973-1990) en el centro del debate.
El político ultraderechista postulado a la Presidencia abrió la caja de los truenos el pasado noviembre, cuando comparó con la dictadura chilena las elecciones celebradas aquellos días por el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, tras el encarcelamiento de los principales líderes de la oposición.
«Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió: se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental», señaló Kast.
«¿Dígame si las dictaduras entregan el poder a la democracia y si hacen una transición a la democracia y se respeta? Eso es lo que no hacen otros países y en Chile se hizo», añadió el candidato ultraderechista.
Pinochet dejó el poder en 1990, después de perder un referéndum sobre su continuidad, en 1988, y de la posterior celebración de comicios presidenciales. Kast afirmó días después que sus afirmaciones eran relativas a las elecciones de 1990.
Según dos informes encargados durante la transición, la dictadura dejó, al menos, 3.065 muertos y desaparecidos y 28.459 presos políticos y víctimas de tortura.
Kast, que votó a favor de la permanencia de Pinochet en el poder en el referéndum dee 1988, defiende el sistema económico salido de la dictadura y declaró en 2017 que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él, aunque ha moderado su discurso recientemente, asegurando que está en contra de las violaciones de Derechos Humanos durante el régimen cívico militar, reivindicando haber votado a favor de las disposiciones para reparar a las víctimas durante la transición.
Su relato de la dictadura, en la que uno de sus hermanos fue ministro, ha devuelto, en cualquier caso, al ex general al debate público. Parte de la población y de los analistas ven a Kast como el rostro de la derecha ortodoxa que no ha roto con Pinochet.
«Esto es una democracia disfrazada. Una postdictadura. La impunidad fue el sello de la transición pactada», comenta Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) durante la dictadura.
Su padre, Waldo Pizarro, era un sindicalista y dirigente del Partido Comunista que fue raptado por agentes del Estado y resultó desaparecido en 1976. Nunca se encontró su cuerpo.
«Me duele que siga existiendo una derecha tan fascista que sea capaz de levantar a un candidato como Kast. Se le intentó poner un ropaje demócrata con el permiso de los partidos que pactaron la transición, pero claramente sigue siendo el mismo grupo», añade la también política y diputada electa comunista.
«Los gobernantes de la transición saludaron la tesis de que el golpe de Estado de 1973 se dio en una espiral de violencia de la cual todos éramos responsables. Cuando algo así se plantea lo que se está diciendo es que nadie es responsable», añade Pizarro.
El estallido social y las protestas antisistema masivas de 2019 cristalizaron en la creación, tras un referéndum, de una convención constitucional que está redactando una nueva Carta Magna.
Los políticos independientes y de izquierda que plantean modificar profundamente o acabar con el sistema económico surgido durante la dictadura ganaron ampliamente el pasado mayo los comicios a esa asamblea constituyente ante los partidos y agrupaciones que sí defienden el modelo neoliberal.
Desde entonces las cosas han cambiado, y la derecha dio un paso adelante en los comicios legislativos de noviembre, consiguiendo los mejores resultados desde la vuelta a la democracia e igualando las fuerzas en el Legislativo.
Algunos analistas ven en ese resultado una reacción de parte de la población ante los cambios de calado en materia económica y legislativa insinuados por la convención constituyente.
«La madre de las peleas es la Constitución», asegura Pizarro. «Incluso aunque gane Kast», añade.
El político ultraderechista se medirá en las urnas con el izquierdista Gabriel Boric, partidario de cambiar el sistema económico surgido durante la dictadura, poniendo también el régimen cívico militar en el centro del debate.
Boric se presentó a los comicios como representante del Frente Amplio, que acude a las urnas en coalición con el Partido Comunista, una formación que fue muy criticada en noviembre por apoyar, mediante un comunicado no consensuado, la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, a pesar del creciente recelo internacional a este régimen.
El candidato progresista, que ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno de Ortega y considera un dictador al líder venezolano, Nicolás Maduro, se desmarcó de su apoyo a los comicios nicaragüenses, pero no pudo evitar las críticas.
Nicaragua agitó el debate sobre el régimen militar chileno en un momento clave para el país andino, que se enfrenta al proceso electoral más relevante tras la transición de los noventa.
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