El presidente de Colombia, Iván Duque
El punto de vista del organismo contradice la opinión del presidente del país, Iván Duque, quien indicó que el Banco de la República no debería aumentar lasas de manera «brusca», ya que buena parte de las presiones en los precios eran consecuencia de factores temporales.
«Claro que hay que controlar la inflación, pero mi humilde reflexión, y respetando la independencia del Banco de la República, es que los aumentos de tasas no se pueden hacer ni de manera brusca ni de manera súbita, mucho más cuando se trata de un fenómeno externo», señaló Duque tras la última reunión de política monetaria del banco, cuando la institución incrementó los tipos en 100 puntos básicos, hasta el 4%.
En este contexto, la OCDE ha indicado en un informe sobre el país andino que la inflación se ha intensificado «y no está claro hasta qué punto estas presiones inflacionistas serán temporales», por lo que aconseja un aumento gradual de los tipos si las presiones se intensifican.
El Índice de Precios al Consumidor de Colombia cerró 2021 con un nivel del 5,62%, la cifra más alta en los últimos cinco años y por encima del rango objetivo definido por el Banco Central (3%). Algunas categorías como alimentos y bebidas (17,23%) y los hoteles (8,83%) experimentaron fuertes subidas en la variación interanual.
Por otro lado, el organismo recomienda al Gobierno colombiano reducir de forma gradual su posición fiscal expansiva durante este año, con la mira puesta en la reconstrucción de colchones fiscales. No obstante, también aconseja mantener las ayudas excepcionales a los ingresos hasta que se recupere el mercado laboral, que cerró el año con una tasa de desempleo del 12,6%, la tercera más alta de los países de la OCDE solo por detrás de Turquía (11,2%) y España (13%).
La OCDE también ha dedicado un apartado específico para hablar sobre la reciente reforma tributaria aprobada por el Ejecutivo. El proyecto fue remodelado por la Administración después de que se produjeran fuertes protestas sociales contra el borrador inicial que provocaron la dimisión del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El organismo avala que la nueva reforma, que busca incrementar la recaudación tributaria hasta los 14 billones de pesos colombianos (3.100 millones de euros al cambio actual), allanará el camino para llevar a cabo un ajuste fiscal gradual, pero ha advertido que una parte del ajuste previsto para los próximos dos años aún no se ha implementado.
Según los planes actuales, se prevé que la deuda se estabilice en torno al 59% del PIB durante los próximos diez años, 8,5 puntos porcentuales por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Esta evolución, según la OCDE, implica un descenso de los colchones fiscales y deja menos margen para reaccionar ante posibles acontecimientos adversos que se produzcan en el futuro.
«Los ingresos fiscales, que se sitúan tan solo en el 20% del PIB, no son suficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales y preservar la necesaria inversión pública en infraestructura, educación y salud», ha sentenciado el organismo, que puntualiza que tan solo el 5% de los colombianos paga el impuesto a la renta de las personas, lo que explica la baja recaudación tributaria, además de la evasión fiscal y los gastos tributarios.
En contraposición, la OCDE alerta sobre unos «elevados impuestos» a las sociedades en el país latinoamericano, lo que reduce los incentivos a la inversión, ya que buena parte del ajuste fiscal previsto será asumido por el sector empresarial.
Sin embargo, la institución reconoce la complejidad de la economía política tras las protestas de mayo, cuando la población se opuso ampliamente e incluso de forma violenta a incrementos en impuestos sobre la renta o el consumo.
La pobreza, la desigualdad y la alta informalidad del país han sido otro asunto tratado por la OCDE en su informe, ámbitos en los que Colombia mantiene algunos de los indicadores «más elevados de América Latina».
Si bien reconoce que el Gobierno respondió de forma contundente a la pandemia y proyecta uno de los crecimientos más sólidos en la región para este año (5,5%), las prestaciones sociales «apenas contribuyen a paliar las desigualdades, y la mayor parte del gasto social no se destina a los más desfavorecidos, sobre todo en el caso de las pensiones».
Más del 60% de los trabajadores del país tienen empleos informales, por lo que no tienen acceso a prestaciones de la Seguridad Social, con excepción de la atención sanitaria.
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