Durante 2024, esta tensión continuó definiendo el panorama de un país que ha visto mejoras puntuales en las cifras de delitos, pero que se mantiene profundamente afectado por la inseguridad, mientras el presidente, Gustavo Petro, sigue buscando concretar su «paz total».
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y octubre de este año se registraron 11,311 homicidios en todo el país, una leve disminución del 1,46 por ciento respecto al mismo periodo de 2023.
Aunque la baja es alentadora, las cifras destacan problemáticas profundas que afectan de manera desproporcionada a las zonas urbanas.
De los homicidios reportados, tres ciudades concentran casi una quinta parte de los casos: Bogotá lidera las estadísticas con 1.002 asesinatos en los primeros diez meses del año, que representan un 8,85 por ciento del total.
En Cali, las cifras están marcadas por la persistente violencia entre grupos criminales que luchan por el control territorial. Con 801 homicidios en los primeros diez meses de 2024, un 7,08 por ciento del total, esta ciudad fue la segunda con más asesinatos en todo el país.
En tercer lugar está Barranquilla, donde se registraron 412 homicidios hasta el 31 de octubre de este año, que representan el 3,64 por ciento del total.
El informe también destaca que el 38,07 por ciento de las víctimas de homicidios tenían entre 18 y 28 años, lo que evidencia que los jóvenes son los principales afectados por la violencia letal.
Andrés Macías, investigador en seguridad de la Universidad Externado de Colombia, habló con la Agencia Sputnik y destacó que la violencia urbana es producto de una pugna territorial entre grupos armados y bandas locales.
«El control territorial en las ciudades no solo define la distribución de mercados ilegales, sino que genera una sensación de vulnerabilidad constante entre la población», explica.
Uno de los delitos con mayor impacto en 2024 ha sido la extorsión, que entre enero y octubre creció un 15,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 10.208 casos reportados, según datos del Ministerio de Defensa.
Este delito, a menudo invisibilizado por la falta de denuncias, se ha convertido en una fuente de ingresos clave para los grupos criminales.
«La facilidad con la que puede ejecutarse desde cualquier punto geográfico lo hace enormemente lucrativo y difícil de combatir», apunta Macías.
La violencia derivada de esta actividad no solo afecta a las víctimas directas, sino que incrementa la percepción de inseguridad en las ciudades. En palabras del especialista, «la extorsión no es solo un delito económico; es también un arma para consolidar el control social en los territorios».
Respecto a las masacres, los datos del Ministerio de Defensa muestran una disminución en los primeros diez meses de este año en relación al mismo periodo de 2023, bajando de los 81 casos y las 270 víctimas el año pasado a 69 casos y 234 víctimas en 2024.
Este tipo de violencia, señala Macías, «es una herramienta para los grupos armados que buscan imponer su dominio, dejando una huella profunda en las comunidades».
La apuesta del gobierno por impulsar su proyecto de «paz total», diseñado para dialogar con todos los actores armados, ha sido objeto de controversia. Según Macías, esta política ha generado incentivos perversos al ofrecer a los grupos armados una ventana de negociación sin resultados claros en términos de reducción de la violencia.
«La falta de líneas rojas claras ha permitido que algunos actores criminales utilicen estas negociaciones como tiempo para replegarse y fortalecer su posición en el territorio», sostiene el especialista.
En este contexto, el investigador advierte que el Ejecutivo enfrenta un reloj que avanza inexorablemente. «El tiempo para mostrar resultados es limitado. Sin avances concretos, la política de paz no solo perderá legitimidad, sino que perpetuará la desconfianza ciudadana hacia las instituciones», dice Macías.
Más allá de las estadísticas, la percepción de inseguridad sigue siendo uno de los retos más complejos para el país. La disputa territorial entre grupos armados, combinada con el aumento de delitos como la extorsión, ha generado un ambiente de constante zozobra en las ciudades.
Para muchos colombianos, la sensación de inseguridad está tan arraigada que se convierte en un obstáculo para la recuperación de la vida cotidiana.
Según un sondeo de la encuestadora Invamer, publicado en noviembre, el 68 por ciento de los colombianos creen que la seguridad no va por buen camino.
Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Aunque algunos indicadores reflejan avances, los desafíos estructurales persisten.
Como señala Macías, «la violencia urbana es solo la punta del iceberg; el verdadero reto está en desarticular las dinámicas sociales, económicas y políticas que la perpetúan».
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