Violencia Machista

Avanza en Colombia la ley para proteger a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio

"Trabajamos de la mano de familias víctimas, quienes nos contaron sus necesidades y por qué se requiere una ley como esta, que ya existe en otros países del mundo".

Acto de protesta contra los feminicidios en México

Acto de protesta contra los feminicidios

El pasado miércoles, el Congreso de Colombia aprobó el proyecto Huérfanos por feminicidio, que busca proteger a niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre de manera abrupta, violenta y en la mayoría de los casos quedan condenados a una vida de precariedad.

La iniciativa, impulsada por la representante del departamento de Risaralda, Carolina Giraldo Botero, recoge una demanda urgente y largamente ignorada por las instituciones del país: que el Estado no les dé la espalda a las víctimas colaterales del feminicidio.

«Trabajamos de la mano de familias víctimas, quienes nos contaron sus necesidades y por qué se requiere una ley como esta, que ya existe en otros países del mundo», dijo la legisladora a la Agencia Sputnik.

El proyecto establece medidas concretas: atención psicológica, acompañamiento legal, acceso a la educación y a oportunidades de empleo, así como apoyos económicos para los menores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema.

Entre 2019 y 2024, el Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 3.718 casos en todo el país. En ese mismo período, 1.746 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos.

«Muchas veces, incluso los hijos han presenciado el asesinato de sus madres», recordó la congresista.

Además, entre enero y febrero de este año se contabilizaron 122 feminicidios, un aumento del 4,1 por ciento frente al mismo período de 2024, cuando se reportaron 117 casos.

Más inquietante es que en los dos primeros meses de este año un total de 79 menores de edad quedaron huérfanos por feminicidios, más del doble que los 38 casos registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 107 por ciento.

El proyecto también contempla la creación de un registro nacional de huérfanos por feminicidio, una herramienta que actualmente no existe y cuya ausencia impide dimensionar el problema y articular respuestas eficaces.

«En Colombia no hay un registro oficial de feminicidios ni de huérfanos por feminicidio. Eso impide que el Estado responda como debería», advirtió Giraldo.

«Este proyecto busca cambiar eso, crear un sistema de identificación que permita activar apoyos inmediatos», agregó.

Entre esos apoyos, la legisladora destaca el acceso gratuito a servicios jurídicos, mecanismos para evitar la deserción escolar y, sobre todo, una atención psicológica prioritaria que permita a los menores de edad sobrevivir a la pérdida y al trauma.

Uno de los puntos más delicados de la propuesta -y quizás el más urgente-, es evitar que los menores de edad queden bajo la custodia del feminicida o de familiares cercanos que pudieran representar un riesgo. La iniciativa establece mecanismos para garantizar que esto no ocurra.

«Hemos incluido una disposición para que, en esos casos, se haga un análisis exhaustivo que garantice que el menor no quede en riesgo», explicó la representante, quien añadió que «hay que proteger su vida, pero también asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan».

Aunque Colombia enfrenta tensiones fiscales, la autora del proyecto asegura que el impacto presupuestal será manejable.

«No es un proyecto que vaya a quebrar al Estado. Los apoyos monetarios solo se contemplan para quienes están clasificados en los niveles A, B o C del Sisben (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), y el acompañamiento está previsto hasta los cinco años posteriores al feminicidio», señaló Giraldo.

El Sisben agrupa a los ciudadanos en distintos niveles según sus condiciones socioeconómicas. Las categorías, A, B y C, corresponden a personas en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad económica, respectivamente.

Durante el trámite legislativo se organizaron mesas técnicas con el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Igualdad, lo que permitió blindar la iniciativa desde el punto de vista financiero y garantizar su implementación.

«Esto es una deuda histórica con los niños y niñas que quedan detrás. Con esta ley, Colombia puede dar un paso importante hacia una sociedad más justa y compasiva», concluyó Giraldo.

El proyecto ya pasó el último debate en el Congreso. Solo falta la conciliación de textos y la sanción presidencial para que se convierta oficialmente en ley.

Si se aprueba el proyecto, en las próximas semanas Colombia podría comenzar a saldar una deuda histórica con quienes más han sufrido en silencio.

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