Augusto Pinochet
Según ha informado en un comunicado el poder judicial, la corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha condenado a indemnizar a tres víctimas de detención ilegal y torturas, si bien ha determinado que los delitos fueron cometidos por «efectivos de la Armada» en la región del Biobío entre 1974 y 1975.
La resolución señala que «con el fin de analizar la severidad del sufrimiento padecido, se debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso». «Para ello, se deben considerar las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que estos pueden causar, así como las condiciones de las personas que padecieron dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias personales», recoge el texto.
En este sentido, los jueces han resuelto que «en consecuencia, las mujeres que han sido objeto de violencia sexual por parte de agentes del Estado claramente continúan padeciendo sufrimientos por dicha agresión».
Asimismo, la corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, así como por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la referida Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las demandantes de la presente causa».
Las tres víctimas, una mujer y dos hombres cuyas identidades no fueron reveladas, fueron detenidas de manera ilegal y torturadas por los agentes de Pinochet, que les propiciaron golpes con las manos y pies y los sometieron a humillaciones y abuso sexual, entre otros.
Algunos de ellos han demostrado sufrir consecuencias físicas debido a los golpes, como crisis de taquicardia o trastornos de ansiedad. El Estado tendrá que pagar a cada una 50 millones de pesos (unos 60.000 euros).
«Como consecuencia de lo razonado, esta corte considera que las indemnizaciones que han sido determinadas se ajustan –en la medida que es posible establecer– al dolor y aflicción padecido por los demandantes como consecuencia de los hechos acreditados», concluye el documento.
Durante la dictadura de Pinochet cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas a exiliarse, según cifras oficiales.
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