No obstante, según ha informado la calificadora de riesgos, estos «sólidos indicadores» de gobernabilidad y las «creíbles» políticas macroeconómicas se ven contrarrestadas por la alta dependencia de la economía de Chile en ciertos bienes básicos y el deterioro de las condiciones externas, siendo ambos aspectos negativos para la calificación del país.
Sobre este último punto, Fitch Ratings ha apuntado que las vulnerabilidades externas complican la financiación del déficit por cuenta corriente. Además, la capacidad del país para atraer inversión extranjera también puede verse complicada por unas condiciones financieras globales «más estrictas».
Otro de los temas en los que Fitch Ratings ha puesto el foco y que podría incidir «negativamente» en la solvencia de Chile es el aumento del gasto fiscal. Esto podría deberse a reformas estructurales que impliquen un aumento del gasto social y, en consecuencia, un empeoramiento en el ratio de deuda pública sobre el PIB.
Uno de estos programas que conducirá a mayor gasto fiscal, en opinión de Fitch, es el proyecto de ley de pensiones, que modifica los pilares de capitalización y solidaridad. Sin embargo, su trámite en el Congreso podría «moderar» este cambio «radical» que supone el proyecto, por lo que se deberían «aliviar» algunas preocupaciones sobre el modelo económico de Chile.
A su vez, en clave positiva, Fitch Ratings ha expresado que una mejora de las perspectivas de crecimiento o una consolidación fiscal «creíble y consistente» podrían llevar a una mejora de la calificación.
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