El nuevo informe policial añade más presión al entorno del líder ultraderechista, que ya se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera del juicio por intento de golpe de Estado en 2022. La acusación señala directamente a Eduardo Bolsonaro, residente en EEUU desde marzo, y a su padre, que habría financiado sus maniobras para bloquear el proceso judicial en Brasil.
De acuerdo con la investigación, Eduardo Bolsonaro viajó a EEUU con el objetivo de convencer a la administración de Donald Trump de imponer sanciones contra autoridades brasileñas, en especial contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encargado de instruir la causa contra su padre.
En paralelo, Jair Bolsonaro habría enviado recursos económicos a su hijo para sostener esa estrategia en el extranjero. La policía sostiene que ambos habrían incurrido en delitos de coacción en el curso del proceso judicial e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.
La investigación sostiene que Jair Bolsonaro financió la campaña de presión de su hijo en EEUU para frenar el juicio en Brasil
Durante las pesquisas, la policía halló mensajes en el celular del expresidente en los que se debatía con aliados la posibilidad de pedir asilo político al presidente argentino, Javier Milei. En el dispositivo se encontró incluso un archivo editable en el que se solicitaba asilo “en régimen de urgencia”.
Los peritos también recuperaron audios y conversaciones eliminadas entre Bolsonaro, su hijo y el pastor evangélico Silas Malafaia, considerado su principal consejero. Estos materiales apuntan a intentos de obstrucción a la Justicia y de conspiración contra el Estado de Derecho.
Los audios recuperados por la policía revelarían intentos coordinados de burlar la ley entre Bolsonaro, Eduardo y Malafaia
El juicio contra Jair Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre y lo sentará en el banquillo como presunto líder de la conspiración golpista que buscaba mantenerlo en el poder pese a su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Actualmente, el expresidente está acusado de cinco delitos con penas que suman hasta 43 años de prisión. Esta nueva investigación por obstrucción a la Justicia podría ampliar de forma significativa su exposición penal, aunque aún no ha sido formalmente imputado en este capítulo.
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