«Brutal acto de violencia». Así definió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el asesinato de los dos en el Valle del Javari. Pero igual que ya hicieron antes decenas de entidades de la sociedad civil, organizaciones indígenas, y ONGs como Greenpeace o WWF, la ONU remarcó que el asesinato no es un hecho aislado.
«Los ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos ambientales y los pueblos indígenas, incluyendo los que se encuentran en aislamiento voluntario, continúan siendo persistentes», destacó el organismo. El crimen en la Amazonía pone de nuevo el foco en los problemas de la selva, que ya estaba en el epicentro del desgaste del Gobierno brasileño ante los ojos de la comunidad internacional.
Manifestaciones en la embajada de Brasil en Londres, el primer ministro Boris Johnson diciendo que estaba «profundamente preocupado» con la desaparición y parlamentarios europeos vinculando el crimen a la política negacionista de Jair Bolsonaro hacia los problemas ambientales.
El presidente no pudo eludir el tema en la última Cumbre de las Américas, cuando ante la presión internacional aseguró que las autoridades estaban haciendo todo lo posible por encontrarles, pero lo cierto es que el asesinato, que acaparó titulares en medio mundo, devolvió a la memoria de la comunidad internacional escenas ya conocidas.
Tasas de deforestación batiendo récords, incendios sin control, garimpeiros campando a sus anchas a sabiendas que no serán perseguidos… es el paisaje de la Amazonía de Bolsonaro y el mundo lo sabe. Organizaciones como Greenpeace, WWF o Human Rights Watch rápidamente vincularon el asesinato a la situación que vive la selva a raíz de las políticas (o la ausencia de ellas) del Gobierno para la selva. Los problemas no son nuevos, pero se agravaron.
«Bruno Pereira y Dom Phillips cumplieron en la Amazonía un papel del cual el Estado brasileño no sólo se omitió, sino que criminalizó en los últimos años», remarcó la coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Sonia Guajajara, recordando los continuos ataques de Bolsonaro a ambientalistas.
La líder indígena subrayó que «los discursos también matan», resaltando que el discurso del presidente empoderó a quienes cometen delitos en la Amazonía, siempre pendientes de la última amnistía para deforestadores, de la enésima regulación de tierras ocupadas ilegalmente, de la próxima posibilidad de que los parlamentarios legalicen actividades aún hoy ilegales. Al menos sobre el papel.
El asesinato de Phillips, colaborador de «The Guardian», y de Pereira también ha vuelto a traer a la luz los ataques de Bolsonaro a los periodistas y a la prensa en general y el maltrato a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo estatal que vela por la protección de los indígenas y del cual Pereira formaba parte.
También resuenan en la escena internacional las primeras palabras del presidente sobre el caso, cuando dijo que los dos se habían embarcado en «una aventura», despreciando el trabajo periodístico de Phillips y la ayuda de Pereira, gran conocedor del territorio indígena del Valle del Javari. Días después, cuando se confirmó el asesinato, el presidente volvió a ofender al periodista británico: «Ese inglés era mal visto en la región, porque escribía muchos reportajes contra los garimpeiros, temas ambientales y tal», dijo.
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