La ofensiva judicial contra Jair Bolsonaro ha dado un nuevo giro. El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, ha decretado su arresto domiciliario por ignorar reiteradamente las restricciones impuestas en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado de 2023. Según los investigadores, el expresidente habría financiado desde EEUU una campaña para atacar al sistema judicial brasileño y eludir la acción de la Justicia.
Financiación desde EEUU para atacar al Supremo
Bolsonaro habría desviado dos millones de reales (300.000 euros) para orquestar una ofensiva internacional desde marzo. El dinero se canalizó, según la investigación, a través de su hijo, Eduardo Bolsonaro, con el objetivo de influir en el Gobierno de Donald Trump y promover sanciones contra magistrados brasileños.
Esta estrategia incluía presionar para que Washington revocara los visados de jueces del Supremo y aplicara aranceles a autoridades brasileñas, en un intento de intimidar al poder judicial que lo investiga por su papel en la crisis institucional de 2023.
La casa de Bolsonaro en Brasilia fue registrada por la Policía Federal, que busca pruebas del flujo de dinero y los contactos con grupos ultraconservadores en EEUU
Acusaciones por intento de golpe y campaña de desinformación
El expresidente y otros siete colaboradores son señalados como el núcleo central de la trama que intentó subvertir el resultado de las elecciones de octubre de 2022, en las que resultó electo Luiz Inácio Lula da Silva.
Están imputados por asociación criminal, intento de abolir el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público, por su implicación en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una turba intentó tomar por la fuerza el Congreso, el Supremo y el Palacio de Planalto.
La Fiscalía ya ha pedido en sus alegaciones finales una condena que podría alcanzar los 40 años de prisión y la inhabilitación política indefinida para Bolsonaro
Nueva fase en el cerco judicial al bolsonarismo
La decisión de imponer arresto domiciliario refuerza la presión sobre el exmandatario, que ya había sido inhabilitado políticamente hasta 2030 por la Justicia Electoral. Este nuevo revés se produce en medio de una intensificación de las investigaciones sobre el golpismo y la desinformación como herramientas para mantenerse en el poder.
