Las tensiones políticas en Brasil se han recrudecido tras la decisión del Supremo de imponer arresto domiciliario a Jair Bolsonaro, expresidente del país y figura clave de la ultraderecha. La medida, tomada por el juez Alexandre de Moraes, ha sido recibida con furia por parte de su entorno, especialmente por su hijo Flávio Bolsonaro, quien denunció una supuesta “dictadura” y acusó al magistrado de actuar por venganza. La polarización brasileña se intensifica a medida que se acerca la sentencia definitiva contra el exmandatario.
Flávio Bolsonaro habla de «dictadura» y acusa al Supremo
“Estamos oficialmente en una dictadura, donde una única persona decreta la prisión de un expresidente”, denunció Flávio Bolsonaro ante las cámaras de CNN. El senador no ocultó su indignación al conocer la decisión judicial contra su padre, cuestionando su legalidad y asegurando que se trata de una “venganza personal” del juez Alexandre de Moraes.
El magistrado del Tribunal Supremo justificó la medida por el incumplimiento de restricciones impuestas a mediados de julio, que prohíben a Jair Bolsonaro comunicarse a través de redes sociales, ya sea en cuentas propias o de terceros.
Un vídeo en redes sociales desata la reacción del Supremo
La decisión de Moraes se precipitó tras la publicación en redes sociales, por parte del propio Flávio Bolsonaro, de un vídeo en el que su padre saluda a simpatizantes durante una manifestación en Río de Janeiro. Aunque el contenido fue retirado poco después, fue considerado por el Supremo como una nueva infracción a las condiciones cautelares.
A partir de ahora, Jair Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio las 24 horas, no tendrá acceso a dispositivos móviles ni a internet, y solo podrá recibir visitas de familiares cercanos y abogados.
Una posible condena de más de 40 años por intento de golpe
El expresidente se enfrenta a un proceso judicial por intentar revertir los resultados electorales de 2022, cuando fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía lo acusa de haber conspirado para un golpe de Estado, liderando un movimiento que buscó desacreditar el sistema electoral brasileño.
La sentencia del proceso se espera para el mes de septiembre y podría acarrearle una pena superior a los 40 años de prisión, lo que marcaría un punto de inflexión en la política brasileña.
