La crisis política que arrastra Brasil desde las elecciones de 2022 sumó este lunes un nuevo capítulo. El expresidente Jair Bolsonaro deberá cumplir arresto domiciliario por orden del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, quien lo acusa de desobedecer las restricciones impuestas durante su procesamiento por un supuesto plan de golpe de Estado. La medida, además, incluyó la incautación de sus teléfonos móviles y una severa advertencia: no podrá comunicarse con nadie fuera de su núcleo familiar y defensa legal.
Un nuevo revés judicial para el exmandatario
El fallo judicial llega tras detectarse una posible violación de las medidas cautelares impuestas. Según el magistrado, Bolsonaro habría utilizado redes sociales indirectamente para difundir mensajes, a pesar de tenerlo expresamente prohibido. La sospecha se confirmó después de que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, difundiera un vídeo en el que aparece el exmandatario.
El comunicado emitido por la Policía Federal detalló que el operativo se llevó a cabo en Brasilia al final de la tarde del lunes. Los agentes no solo ejecutaron la orden de arresto domiciliario, sino que también procedieron a registrar el domicilio y confiscar los dispositivos electrónicos del expresidente.
Bolsonaro solo podrá comunicarse con sus abogados y familiares directos, según la orden judicial
Riesgo de una condena histórica por intento de golpe
El proceso judicial contra Bolsonaro es uno de los más graves que enfrenta un exjefe de Estado en la historia reciente de Brasil. Se le imputa haber organizado y promovido un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El caso, que se encuentra en fase avanzada, podría desembocar en una condena de hasta 40 años de prisión, con una sentencia prevista para septiembre.
La medida de Moraes es interpretada como un intento de frenar cualquier intento de Bolsonaro por interferir en el proceso judicial o movilizar a sus seguidores a través de canales digitales, como ocurrió tras su derrota electoral.
El Supremo teme una repetición del caos postelectoral de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes
El Supremo intensifica el cerco a la ultraderecha
Esta decisión refuerza la ofensiva del Tribunal Supremo Federal contra las estructuras que respaldaron los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas tomaron el Congreso, el Palacio de Planalto y la sede del STF en un intento fallido de revertir el resultado electoral.
Bolsonaro niega su implicación directa, pero los fiscales sostienen que existen pruebas documentales, testimoniales y digitales que lo colocan en el centro de una conspiración para subvertir el orden constitucional.
