Jeanine Áñez
«Dividen un proceso para prolongar la detención de Jeanine Áñez. Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías», denunciaron los colaboradores de Áñez en la cuenta de Twitter que figura a nombre de la exgobernante.
La orden emergió cuando Áñez estaba a punto de completar cinco de los seis meses de detención preventiva desde la apertura del proceso contra los supuestos responsables de la interrupción democrática de 2019, cuando ocurrieron el derrocamiento del presidente Evo Morales y la instalación del gobierno transitorio.
Los fiscales que impulsan el proceso habían decidido el pasado fin de semana dividir el caso original en dos procesos ordinarios: uno por sedición, terrorismo y conspiración, y otro, motivo de la segunda detención preventiva, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La segunda orden de detención, que según medios locales entraba en vigencia de inmediato, implica que Áñez estará recluida al menos hasta principios de febrero de 2022, sin descartarse más sanciones que pudieran surgir de otros procesos ordinarios y de varios juicios de responsabilidades que el parlamento se apresta a votar.
El primer proceso fue abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
A esa demanda se habían sumado el presidente masista del Senado, Andrónico Rodríguez, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, con sendas denuncias de incumplimiento de deberes y violación de normas constitucionales, que a partir de ahora serán tratadas como un caso separado.
«Lo que ocurre es absolutamente irregular (…), ninguna persona puede ser procesada dos veces por un mismo hecho y evidentemente la indivisibilidad de un juzgamiento está prohibida por la Constitución», dijo a reporteros el abogado Luis Guillén, defensor de Áñez, tras la audiencia virtual del martes.
Rehusó confirmar si la expresidenta, quien cumple detención en una cárcel femenina del centro de La Paz, apelaría la división del proceso inicial y la nueva orden de reclusión preventiva.
Añez está acusada, en ambos casos, de haber tomado el poder de forma ilegal, al haberse autoproclamado presidenta del Senado, cargo que no le correspondía porque ella era de la minoría parlamentaria, para asumir luego por decisión propia y sin voto legislativo la presidencia transitoria del país.
La expresidenta defiende esas decisiones como «sucesión constitucional», arguyendo un supuesto vacío de poder provocado por la renuncia de Morales y de algunos líderes parlamentarios, de la mayoría masista.
Para el MAS, sin embargo, en noviembre de 2019 no hubo vacío de poder sino que, pese a la renuncia de algunos líderes, autoridades legítimas de las dos cámaras legislativas en funciones cuando Áñez asumió el poder.
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