«De manera excepcional y por el lapso de cinco (5) años, desde la vigencia del presente decreto supremo, se autoriza la importación de Jet Fuel A-1 a personas naturales o jurídicas privadas para su venta o comercialización», señala el artículo 2 de la norma publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
El combustible importado por estas firmas estará exento de subvenciones estatales, establece el decreto.
Además las empresas que operen en el rubro deberán contar con autorizaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, que depende del Ministerio de Gobierno.
Antes de la firma de este decreto, el monopolio de la venta de combustibles a los operadores aéreos estaba en manos de YPFB Aviación, una empresa subsidiaria de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Bolivia registra dificultades en el suministro de diésel y gasolina desde 2024, debido a la falta de dólares para importar combustibles y una disminución persistente de la producción local.
La escasez de la divisa estadounidense se debe a la caída de las exportaciones de gas en 2024 y el pago de la deuda externa.
El gasto por la importación de combustibles se duplicó en 2023 de 1.500 a 3.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de YPFB.
El 86 por ciento del diésel y el 56 por ciento de gasolina que se consume en el mercado interno de Bolivia es importado, según información de la petrolera estatal.
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