La Justicia de Bolivia borra las masacres de 2019 y las víctimas denuncian impunidad

Los familiares de las 37 víctimas de las masacres de las localidades bolivianas de Senkata y de Sacaba, ocurridas en el gobierno de facto de Jeanine Añez (2019-2020), recorren hace seis años un vía crucis judicial sin resultados, y denuncian impunidad.

El caso fue anulado en la Justicia ordinaria el 5 de noviembre y derivado para un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con todos los pronósticos en contra por falta de voluntad política, relataron a la Agencia Sputnik el representante legal de las víctimas, David Inca; el ombudsman boliviano, Pedro Callizaya y uno de los heridos de la represión militar, Leonardo Jora.

«Al haberse anulado el juicio de Senkata y de Sacaba, por instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, hubo favoritismo político para Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Él instruyó que se investigue y se revise el caso y, en 24 horas, se otorgó la libertad en función del debido proceso», explicó Inca, con mucha indignación.

Con la victoria electoral del centro derechista Rodrigo Paz, el 19 de octubre, la Justicia sorpresivamente anuló las investigaciones y la sentencia de 10 años de cárcel para Añez, quien recuperó su libertad el 6 de noviembre junto a otros coautores del golpe de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

En el análisis del jurista, para el presidente Paz, Jeanine Añez no ha violado derechos humanos, sino que es una «presa política».

«Hubo una posición ideológica de apoyar a la derecha. Paradójicamente, el gobierno de derecha de Añez es el que ha ejecutado sumariamente a bolivianos, cometió masacres y torturas. Ahora le tocó a otro gobierno de derecha sacar la cara a favor del Estado y a favor de los victimarios», criticó Inca.

Para el ombudsman Callizaya, el principal obstáculo para el avance de las investigaciones fue la falta de independencia judicial: en el Gobierno de Luis Arce (2006-2019) se optó por la vía de la justicia ordinaria, pero ahora, con un presidente de derecha, se cambia a un juicio de privilegio para Añez en el Congreso.

Por su parte, víctimas de la represión militar en Sacaba, como Jora, lamentaron que no exista justicia para ellos en Bolivia, porque al anular las investigaciones y liberar a los responsables de las muertes, el caso vuelve a «foja cero».

«Nadie está con arraigo, nadie está con medidas sustitutivas. Se ha borrado todo, como si nuestros muertos no existieran», lamentó Jora, en contacto con Sputnik.

CRONOLOGÍA DE LA MATANZA

Añez se autoproclamó presidente de facto de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Morales renunciara por la presión de las movilizaciones sociales encabezadas por el líder regional Luis Fernando Camacho, el pedido de las Fuerzas Armadas y la rebelión de la Policía.

El 15 de noviembre, policías y militares iniciaron operaciones conjuntas para restablecer el orden público y se enfrentaron con manifestantes afines a Morales en Sacaba, departamento de Cochabamba (centro), con un saldo de 11 muertos por proyectiles de armas de fuego de alto calibre.

Al día siguiente, la mandataria de facto firmó el decreto supremo 4078 para eximir de responsabilidad penal a los militares y policías que participaron de la represión a las movilizaciones sociales.

Cuatro días después de las muertes en Sacaba, el 19 de noviembre, manifestantes realizaron un bloqueo en las inmediaciones del Centro de Almacenamiento de Combustibles de Senkata, en El Alto, departamento de La Paz (oeste), para impedir la distribución de carburantes, pero la Policía y las Fuerzas Armadas también intervinieron la protesta con armamento letal, con un saldo de nueve muertos.

DEMANDA CONTRA BOLIVIA

El ombudsman de Bolivia, Callizaya, explicó a la Agencia Sputnik que las investigaciones no prosperaron durante los últimos seis años, por falta de independencia judicial.

«Si no tenemos un órgano judicial que esté ajeno a la influencia política, no vamos a poder llegar a resultados óptimos y esto es lo que ha acontecido en estos seis años. Se ha aplicado un procedimiento ordinario y este año después de tanto tiempo se dan cuenta que el procedimiento aplicado había sido errado», criticó el defensor.

Callizaya afirmó que hubo una inacción del Estado boliviano para esclarecer los hechos ocurridos en 2019 y que las víctimas tienen el derecho de acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

«De persistir esta omisión del Estado, existe la posibilidad de que el caso pase de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) a la Corte IDH, a partir de una petición que se pueda formular, ya sea por las víctimas o la propia Defensoría del Pueblo contra el Estado boliviano. Y esto puede concluir en una sentencia de la Corte IDH contra el Estado boliviano», advirtió.

Con una demanda contra el Estado boliviano ante la Corte IDH, Bolivia pone en riesgo su credibilidad y la calidad de su democracia, porque firmó compromisos y convenios para garantizar derechos humanos.

De hecho, la CIDH convocó al Gobierno boliviano y a las víctimas del pasado 19 de noviembre en la Universidad de Florida (EEUU), para conocer los avances en las investigaciones.

Tras conocer la realidad en Bolivia, el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, afirmó que «la anulación de lo actuado puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado boliviano».

Al respecto, Inca también recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH entregó un informe en agosto de 2021 al Estado boliviano, con 36 recomendaciones, para reparar el daño causado a las víctimas, pero no se cumplieron ni un 30 por ciento.

Acceda a la versión completa del contenido