Sede de Telefonica | Foto de Telefónica
A pesar de las intenciones del Gobierno argentino, la venta de la filial de Telefónica en el país sudamericano ya está cerrada y cobrada, por lo que cualquier riesgo regulatorio corresponderá al comprador, como señaló la teleco cuando informó de la transacción a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de febrero.
La medida, ejecutada a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que avisa de que «la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado», según el comunicado de la Oficina del presidente argentino.
La participación resultante de la operación, según el Gobierno argentino, «implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil; 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%».
En este sentido, el Gobierno de Milei justifica la decisión «de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada».
«A través de la medida, el Gobierno Nacional cumple con su obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados», ha concluido el texto.
Telefónica vendió su filial en Argentina por 1.245 millones de dólares (en torno a 1.200 millones de euros) a Telecom Argentina, del grupo mediático Clarín. Fue una de las primeras desinversiones de calado desde que Marc Mutra asumió la presidencia de la compañía el pasado 18 de enero y está alineada con la estrategia de la teleco española de «reducir gradualmente» su «exposición a Hispanoamérica».
Milei ya amenazó con torpedear la venta de la filial de Telefónica en Argentina, escudándose en su defensa de la libre competencia y elección de los usuarios. Entonces, señaló que la adquisición «podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibido por dicha empresa».
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