Este 23 de marzo vence la última prórroga sancionada en 2023 de la Ley 27.705, denominada «Plan de Pago de Deuda Previsional», que permitía realizar los años de aporte necesarios para acceder a una jubilación.
Este beneficio, que ha estado vigente desde hace más 20 años en Argentina, permitía acceder a un plan de pagos para completar los aportes requeridos, que la ley previsional establece en 30 años.
Con el fin de la moratoria provisional, las mujeres que cumplan 60 años o los varones que lleguen a los 65 años, ya no podrán acceder a una pensión si no han cotizado al menos durante tres décadas.
Se estima que unas 243.000 personas -150.000 mujeres y 93.000 hombres- no podrán jubilarse en este 2025.
Los mayores de 65 años podrán solicitar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), cuyo monto representa el 80 por ciento de una jubilación mínima.
Esa pensión mínima, reforzada con un bono de 70.000 pesos (64 dólares) congelado desde marzo de 2024, llegó este mes a los 349.121 pesos (320 dólares al cambio oficial), cifra apenas por encima del umbral de la pobreza.
La Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires señaló que un jubilado en abril debe ganar al menos 1,2 millones de pesos (1.101 dólares al cambio oficial, 933 dólares en el mercado informal) por mes para no caer en la pobreza.
En el país hay 4,5 millones de pensionistas que cobran el haber mínimo y reciben una tercera parte de este monto.
A falta de cinco diputados, la Cámara baja no pudo el miércoles debatir una prórroga de la moratoria provisional.
El 73,4 por ciento de las jubilaciones tramitadas el año pasado, que representaron 313.950 casos de un total de 427.505, fueron realizadas a través de la moratoria provisional, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.
Los jubilados protestan cada miércoles frente al Congreso contra la actual gestión por la pérdida de su poder adquisitivo, en reclamo a una cobertura integral de su medicación y a la continuidad de la moratoria provisional.
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