Edificio de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante la decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de designar por decreto a dos jueces para integrar la Corte Suprema, sin la aprobación previa del Senado. Según la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, esta medida representa un «precedente peligroso» que podría debilitar el equilibrio de poderes y la transparencia en el país sudamericano.
En una declaración oficial, Satterthwaite subrayó que la decisión de Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema mediante un decreto presidencial genera preocupación por sus posibles efectos en la independencia del Poder Judicial. La experta de la ONU alertó que esta práctica «politiza las designaciones, erosiona la transparencia y limita las vías de escrutinio y contestación pública».
La relatora enfatizó que el proceso constitucional en Argentina exige el aval del Senado para este tipo de nombramientos, en un esquema que garantiza el control y el equilibrio de los poderes del Estado. «Eludir estas instancias mina la legitimidad de las instituciones judiciales», aseguró.
Para Satterthwaite, el gobierno de Milei «está evadiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos» al omitir el procedimiento que marca la Constitución argentina. En su informe, destacó que la transparencia y el respeto por los procedimientos legales son fundamentales para garantizar una justicia independiente y eficaz.
«Al ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados en la legislación, el Ejecutivo argentino corre el riesgo de erosionar la confianza pública en la Corte Suprema«, advirtió la relatora.
Satterthwaite hizo un llamado al Gobierno de Javier Milei para que respete los procedimientos constitucionales, subrayando la importancia de preservar la estabilidad institucional en el país. La relatora insistió en que cualquier medida que afecte la independencia judicial puede tener consecuencias a largo plazo para la democracia y el Estado de derecho en Argentina.
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