La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad un recurso de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán», informó este jueves el medio local La Nación.
El máximo tribunal del país rechazó las apelaciones para ser sobreseídos que presentaron la exjefa de Estado y otros acusados en la causa, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires (este), Juan Martín Mena, por cuestiones formales, sin entrar a fondo en los fundamentos de las instancias previas.
Junto a Fernández, también se sentarán en el banquillo otros diez acusados en el expediente.
La causa del memorándum con Irán se desprende del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, en el que fueron asesinadas 84 personas.
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el ataque a la sede de la AMIA, el fiscal Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández en 2015, cuatro días antes de morir, de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
La denuncia contra la entonces mandataria se basaba en un memorando de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
En diciembre de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, dejó firme en forma definitiva la declaración de inconstitucionalidad de ese acuerdo.
En una primera instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 sobreseyó a Fernández en octubre de 2021 por estimar que no había existencia de delito, pero el Tribunal Federal de Casación Penal aceptó la apelación de una de las organizaciones judías más importantes de Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y del fiscal del Ministerio Público en ese momento, Marcelo Colombo, y revocó la decisión.
Como máximo tribunal penal del país, Casación ratificó el 13 de noviembre un fallo en primera instancia contra la expresidenta en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión.
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