«No queremos que se cometan los errores que se cometieron en el pasado, donde este tipo de actividades quedaban a discreción de los particulares, de empresas que lo único que buscaban era el lucro y que no veían el bienestar del país y, por supuesto, del pueblo salvadoreño», afirmó la diputada del gobernante partido Nuevas Ideas (N) Elisa Rosales.
La iniciativa recibió duras críticas de los tres legisladores de la oposición, y una de ellos, Disia Rivas, del partido Vamos, aseguró que es una decisión lamentable y vergonzosa que cambia el dinero por la vida de las futuras generaciones, que morirán en un país con el medio ambiente envenenado.
En el artículo 6, la legislación establece que «el estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país producto de la minería metálica».
Precisa que estas actividades las podrá realizar a través de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad o a través de sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta, las cuales no necesitarán del otorgamiento de concesiones de la Asamblea.
Además, prohíbe las actividades mineras en las zonas de recarga de los recursos hídricos del país y cerca de lugares poblados, además del uso de metales como el mercurio, que implican altos riesgos para la salud humana, de otros seres vivos y la naturaleza.
En su artículo 34 y penúltimo, deroga la ley del 20 de marzo de 2017, aprobada por unanimidad de los legisladores de entonces para prohibir la minería metálica en El Salvador por la gravedad de los daños causados a esta nación.
Durante el debate, los legisladores del partido de gobierno, que cuentan con 54 de los 60 escaños de la Asamblea, argumentaron que la minería traerá desarrollo al país, y uno de ellos, William Soriano, aseguró, citando al Banco Mundial, que por cada dólar invertido se generan tres o cuatro.
«Los ingresos provenientes de la minería pueden destinarse a proyectos de infraestructura, educación, salud, que van a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños en aquellos aspectos que todavía no han sido mejorados», dijo.
La legisladora Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), acusó a la bancada oficialista de llevar la muerte a los salvadoreños por envenenar el agua con los contaminantes que deja la minería metálica.
El tema de la minería metálica resurgió con fuerza el 27 de noviembre pasado, cuando el presidente Nayib Bukele calificó en las redes sociales de absurdo que El Salvador sea el único país del mundo donde la minería estuviera totalmente prohibida.
El 2 de diciembre siguiente explicó que en solo el cuatro por ciento del área potencial los estudios realizados identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas en 131.565 millones de dólares, que equivalen al 380 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
«Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana», afirmó.
El proyecto de ley minera fue entregado a la Asamblea por el Gobierno el pasado viernes, debatido y examinado por la Comisión de Economía al día siguiente, sábado, y aprobado finalmente en la plenaria de este lunes.
