«Nosotros ya sabemos cómo funcionan, cuáles son las pruebas que deben ser recopiladas y cómo y no vamos a admitir que esas milicias digitales intenten desestabilizar nuevamente las elecciones y las instituciones democráticas a través de financiación espuria» e «intereses económicos no declarados», ha advertido el juez del TSE, Alexandre de Morares.
Las palabras del magistrado han tenido lugar después de archivar por falta de pruebas dos causas presentadas por la oposición para anular la candidatura de Jair Bolsonaro y Hamilton Mourao como su vicepresidente al considerar que habrían incurrido en un delito de abuso de poder y manipulación de medios de comunicación a través de empresas encargadas de enviar mensajes en redes sociales.
De Morares ha reconocido que durante la campaña de 2018 su usaron aplicaciones móviles para enviar de manera «masiva» mensajes «promoviendo desinformación directamente en beneficio de un candidato y en perjuicio de sus adversarios políticos». Un «gabinete de odio» que no puede ser juzgado por falta de pruebas y el «desentendimiento» de los ahora demandantes.
«El paso del tiempo puede impedir una condena, pero no impide la asimilación, por parte del Tribunal Electoral, del ‘modus operandi’ que se llevó a cabo, y que se librará en las elecciones de 2022. Si se repite lo de 2018, la candidatura será revocada y la gente que lo haga irá a la cárcel por atacar el proceso electoral y la democracia Brasil», ha asegurado el juez.
Si bien estas causas contra la candidatura de Bolsonaro y Mourao han sido archivadas de manera unánime por los siete jueces del TSE, también son mayoría quienes coinciden en señalar que durante aquella campaña «las redes sociales se inundaron de odio, desinformación, calumnias, y teorías de la conspiración».
«Todo el mundo sabe lo que pasó (…). Aunque sea notorio, se requieren pruebas que demuestren la existencia de esta estructura piramidal de comportamiento mafioso para la distribución de contenido falso», ha remarcado el presidente del TSE, Luís Roberto Barroso.