El opositor venezolano Henrique Capriles
El calendario electoral venezolano entra en su recta final con la inscripción de listas y comandos de campaña. En este contexto, la figura de Henrique Capriles vuelve al primer plano: el dirigente opositor, inhabilitado previamente para ejercer cargos, asegura haber sido habilitado —o, al menos, no impedido— para competir por un curul.
Sus declaraciones llegan después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara oficialmente el 25 de mayo de 2025 como nueva fecha para las legislativas y regionales, un proceso que el chavismo confía en usar para consolidar su hegemonía política.
Tras su expulsión de Primero Justicia, el exgobernador presentó la Red Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE), iniciativa destinada a “priorizar la participación electoral como herramienta de resistencia democrática” y a movilizar observadores en los más de 5.300 circuitos del país.
“Voy a la Asamblea Nacional a defender al pueblo, no por el sillón”, subrayó Capriles al oficializar su candidatura
La Plataforma Unitaria se encuentra fracturada: mientras líderes como María Corina Machado tildan el proceso de “fraude anunciado”, facciones lideradas por Manuel Rosales y ahora Capriles apuestan por acudir a las urnas. El CNE, controlado por el oficialismo, ha bloqueado al grueso de la coalición opositora y solo permitió registrar candidaturas de Un Nuevo Tiempo y del nuevo bloque de Capriles.
El presidente Nicolás Maduro y el PSUV han activado un amplio despliegue de su comando de campaña para asegurar la movilización de su base en los 24 estados. Analistas advierten que la atomización opositora podría facilitar al oficialismo conservar la mayoría parlamentaria y avanzar en reformas constitucionales.
El chavismo confía en la fragmentación opositora para retener el control de la Asamblea Nacional y gobernaciones clave
Capriles restó importancia a su supuesta inhabilitación, alegando que la decisión final sobre su candidatura recaerá en el CNE y que, habilitado o no, continuará su lucha por la vía electoral. Especialistas recuerdan que el Tribunal Supremo de Justicia ha avalado en el pasado rehabilitaciones “exprés” cuando conviene al gobierno.
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