Oro
El Gobierno conservador británico tendrá la oportunidad de exponer ante los jueces del Supremo su posición respecto a Venezuela. El ex ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, reconoció a Guaidó como “presidente constitucional interino” en 2019, pero preservó las relaciones diplomáticas establecidas con Maduro y su representante en Londres, la embajadora Rocío del Valle Maneiro.
TONELADAS DE ORO
Raab extendió en enero el reconocimiento a Guaidó porque, según difundió por Twitter, “las elecciones legislativas de diciembre (2020) no fueron libres ni creíbles”. Londres solo admite como válida la ya inexistente Asamblea Nacional, constituida en 2015, en la que el ahora exdiputado obtuvo un escaño, que no intentó renovar en la siguiente convocatoria.
El tuit del canciller no aclara la ambigüedad de la postura británica, que ha salido a relucir en el proceso legal. En cuestión está el derecho de gestión de las reservas de oro -unas 32 toneladas valoradas entre 1.600 y 2.000 millones de euros– que reclaman ambas partes enfrentadas en el litigio: el consejo actual del Banco Central de Venezuela (BCV) o la llamada ‘junta ad hoc administrativa’ designada por Guaidó.
PRESIDENTES DE HECHO Y DERECHO
El Tribunal de apelación aceptó, en su sentencia del pasado octubre, que el Gobierno británico reconoce la autoridad del exlegislador como “presidente de ‘jure’ interino (de Derecho)” y no descarta que reconozca simultáneamente a Maduro como ‘presidente de facto’ (de hecho). La intervención de Raab en el recurso podría despejar las dudas y despejar el destino de hasta un millón de euros de las reservas londinenses que Caracas quiere invertir en combatir el coronavirus a través de programas de la ONU, según afirman sus representantes legales en el despacho Zaiwalla & Co.
“No se discute que el presidente Maduro continúa operando el aparato de Estado en Venezuela, ni se debate que el Gobierno del Reino Unido mantiene relaciones con el Gobierno del presidente Maduro”, subraya a Sputnik Leigh Crestohl, socio en la firma legal, respecto a uno de los puntos fundamentales de la querella inicial contra el BoE, en mayo de 2020.
El experto canadiense en litigios internacionales confía en un fallo favorable del Supremo, en línea con la corte inferior. “Creemos que confirmará la decisión de la Corte de Apelación de que el gobierno del Reino Unido puede reconocer al presidente Maduro, al mismo tiempo que reconoce al señor Guaidó en su pretendida posición. Un fallo distinto sería contrario a la realidad”, agregó Crestolhs.
LA JUDICATURA SE LAVA LAS MANOS
Para el profesor Francisco Domínguez, que dirige el programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de Middlesex, la intervención directa de la cancillería en el proceso judicial confirma el carácter político de la disputa. “El sistema judicial británico se ha dado cuenta, claramente, y en todas las instancias por las que ha pasado este procedimiento, de que no existe ninguna base legal para continuar con la ficción de que el oro no pertenece al gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y, por tanto, ha decidido lavarse las manos y pasar la pelota al Gobierno británico”, sostiene en una entrevista con esta agencia.
El también secretario de la Campaña de Solidaridad con Venezuela (VSC) advierte que “no hay base legal ni moral” para negar el acceso del banco emisor de Caracas a las reservas depositadas en Inglaterra. Domínguez coincide con los expertos de Zaiwalla en la intención de la administración bolivariana de canalizar los recursos a través de los programas de ayuda humanitaria de la ONU.
SIN ARGUMENTOS CONVINCENTES
El Supremo tiene previsto iniciar las sesiones orales el 19 de julio, con vistas a concluirlas el 21 o, incluso, el 22, si fuera necesario. “Los jueces solicitaron y aprobaron la intervención de Raab a fin de que el gobierno conservador asuma la responsabilidad propiamente de qué quiere hacer con el oro. Esos lingotes no pertenecen a Gran Bretaña ni al Reino Unido. Pertenecen a Venezuela y el gobierno venezolano ha solicitado que esos recursos sean entregados a través de la ONU. No hay ningún argumento legal ni de otro tipo para denegarlo”, señaló el académico.
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