«Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los Derechos Humanos», ha declarado Bachelet, al actualizar desde Ginebra su informe sobre la situación en el país sudamericano, seguido con atención desde Caracas.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet ha repasado la labor de su oficina en Venezuela, que se remonta a los últimos dos años y ha logrado ampliar su personal de seis a doce trabajadores, previo acuerdo con un chavismo que tradicionalmente ha visto con recelo cualquier vigilancia de la ONU.
Bachelet, que espera seguir «profundizando» en esta cooperación, ha lamentado que los programas económicos y sociales puestos en práctica en los últimos años no hayan logrado elevar uno nivel de ingreso que sigue siendo «dramáticamente bajo», «insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado».
En este sentido, ha reclamado un refuerzo de los servicios básicos, «particularmente para los grupos más vulnerables», y ha lamentado «la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas», punto en el que ha echado en falta más peso de la sociedad civil.
«Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas», ha añadido, reiterando una de sus habituales críticas.
Otra de las recurrentes reivindicaciones de la oficina de Derechos Humanos pasa por reformas policiales y judiciales, a la que Bachelet también suma un llamamiento «a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente». La antigua mandataria chilena ha asegurado que 152 personas han sido excarceladas desde junio de 2020 en el marco de los casos compartidos a través de los mecanismos de cooperación.
SANCIONES
Bachelet considera que la situación humanitaria y económica que Venezuela venía arrastrando desde hace años se ha visto «agravada» tanto por la pandemia como por las «sanciones sectoriales», lo que limita «aún más» el acceso de la población a servicios básicos. «Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales», ha añadido.
El Gobierno de Maduro ha esgrimido esta parte del informe de Bachelet para denunciar el «efecto perverso» de los castigos, de los que Caracas responsabiliza principalmente a Washington. Estima que los ingresos han caído un 99 por ciento y cree que las sanciones equivalen a «crímenes de lesa humanidad», algo que ha esgrimido también ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Sin embargo, el Ministerio de Exteriores venezolano también considera que el informe reproduce «fallos» de otros documentos previos y afirmaciones «sin fundamento alguno» y que «no han sido debidamente contrastadas».
En ese sentido, el Gobierno «rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los Derechos Humanos», que enmarca «en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela».
Las autoridades venezolanas y la oficina de Bachelet han renovado un año su acuerdo de cooperación, algo que para Caracas ratifica su buena voluntad para cooperar. Sin embargo, el Ministerio que dirige Félix Plasencia también ha instado a la ONU actuar «con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo».
La oposición, por su parte, ha incidido en su valoración del último informe en la reclamación para que cese la «persecución» contra activistas en Venezuela. El Centro de Comunicación Nacional, que opera como brazo mediático de Juan Guaidó, cree que este análisis «deja nuevamente en evidencia» a la «dictadura» de Maduro.
