Las escuelas de Ecuador no son un lugar seguro para miles de personas que han sufrido en estos últimos años algún tipo de violencia sexual asociada a entornos educativos. Según un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), más de 4.200 menores han sido víctimas de abusos desde 2014, lo que evidencia la necesidad de aplicar una política de «tolerancia cero».
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos asumen que la violencia sexual es un problema que viene de largo en el sistema educativo de Ecuador, pero fue en 2017 cuando se hizo más palpable a raíz de una investigación abierta en la Asamblea Nacional por 43 casos de abusos en una academia privada de Quito. Dicha investigación derivó en medidas «importantes», en opinión de HRW, que sin embargo echa en falta una buena aplicación práctica de políticas y protocolos.
La organización ha documentado al menos 4.221 casos entre el año 2014 y mayo de 2020, en el marco de una investigación en la que ha analizado algunos de estos abusos y ha entrevistado a decenas de víctimas, familiares, abogados y autoridades. Los abusos incluyen desde violaciones hasta situaciones de acoso, también en Internet.
La violencia ha sido perpetrada por profesores, personal no docente del centro o conductores de autobús y entre las víctimas hay casos que van desde preescolar hasta el instituto, tanto en escuelas privadas como públicas, según la investigación publicada este miércoles.
La autora del informe, Elin Martínez, ha lamentado que Ecuador no haya sabido «proteger» a sus alumnos, con «graves» carencias que afectan a los sistemas educativos y jusdiciales y que dejan a los menores «expuestos a terribles abusos, estigmatizados por denunciarlos y en riesgo de sufrir nuevos traumas».
El actual Gobierno, presidido por Lenín Moreno, publicó en julio de 2017 datos sobre violencia sexual y adoptó un protocolo vinculante que obligaba a todos los adultos vinculados a los centros a denunciar situaciones en un plazo de 24 horas. También creó una base de datos y otras herramientas para facilitar la denuncia, las investigaciones y, en última instancia, el procesamiento de los responsables.
«Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y afrontar la violencia sexual en las escuelas son importantes, pero deberían centrarse en impedir futuros abusos», ha subrayado Martínez, quien confía en que niños y adolescentes puedan «sentirse seguros».
ASPECTOS QUE MEJORAR
HRW echa en falta más presencia de psicólogos y asesores en los centros, claves para la deteción de los casos, así como una menor incidencia de las medidas en las escuelas privadas. Además, la ONG también ha detectado trabas en el terreno judicial, como lo demuestra el hecho de que entre 2015 y 2019 solo el 3 por ciento de los casos denunciados terminaron en juicio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos alcanzó un hito este 2020 al estudiar el primer caso de violencia sexual en Ecuador, el de Paola Guzmán Albarracín, una estudiante que fue violada durante más de un año por el subdirector de su instituto y terminó quitándose la vida en 2002. El tribunal ordenó al Estado ecuatoriano indemnizar a la familia de la víctima y rendirle un homenaje público antes de que terminase el año.
