Agentes de la Policía de Colombia
Los dos antiguos agentes de la Policía de Colombia implicados en la muerte de Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre han sido enviados a prisión este lunes como medida cautelar, según ha informado la Fiscalía.
Ordóñez había sido solicitado por los ya expulsados agentes Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda durante una identificación de rutina en una barriada de Bogotá, durante la cual le sometieron a descargas eléctricas, después de que la víctima se negara a colaborar.
Una vez en dependencias policiales fue golpeado y como consecuencia de la violencia a la que fue sometido, Ordóñez falleció, según han revelado los informes periciales y la autopsia, presentados por la Fiscalía, organismo que también solicitó la prisión provisional para Rodríguez y Lloreda.
Ambos serán enviados a un penal para uniformados en el municipio de Facatativá, cerca de Bogotá, también en el departamento de Cudinamarca, ya que la Justicia ha considerado que la prisión domiciliaria «no garantizaría los fines constitucionales de evitar la obstrucción a la Justicia».
«Debieron comportarse de forma diferente para evitar las graves consecuencias de esta conducta: además de los delitos en que habrían incurrido los uniformados retirados, los graves disturbios en Bogotá durante esa noche», ha dicho la juez encargada, refiriéndose a la ola de protestas que se vivieron en la capital tras conocerse la muerte de Ordóñez, según ha informado el diario ‘El Espectador’.
Los días siguientes a este episodio, Bogotá y otras importantes ciudades del país fueron el escenario de choques violentos entre manifestantes y la Policía, a la que se acusó de violencia policial y de utilizar armas de fuego, después de que se registraran una docena de muertes y más de 300 heridos durante los disturbios.
La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de los cuerpos policiales, hasta el momento militarizados y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.
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