La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está analizando tres demandas presentada contra la «cuarentena especial» impuesta en el país por el Gobierno de Nayib Bukele para frenar la propagación del coronavirus y que entre otras cosas prevé la suspensión del transporte público.
Según ha contado el diario ‘La Prensa Gráfica’, el magistrado constitucionalista Aldo Cáder, las primeras dos demandas fueron recibidas por la Sala entre el martes y miércoles, mientras que el jueves Miguel Fortín Magaña, exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML) y el abogado Héctor Menjívar presentaron la tercera.
En esta última, argumentan que la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por Covid-19 en la que se sustenta la «cuarentena especial» impuesta por el Gobierno es inconstitucional porque se trata de un régimen de excepción «disfrazado».
La ley, aprobada en la madrugada del martes por 56 diputados, prohíbe a los salvadoreños salir de casa sin autorización por el riesgo de contraer la Covid-19 lo cual, según los demandantes, restringe derechos como la libertad de circulación y reunión sin aprobar un régimen de excepción.
Los demandantes piden al Constitucional que suspenda la ley mientras analiza los argumentos legales de la demanda, previo a emitir una resolución definitiva que aclararía la legalidad o no de la norma. Asimismo, plantean que se suspendan los decretos emitidos por el Gobierno para impedir la movilidad de la población y suspender el transporte público en base a la ley.
Según explica el diario, la Sala Constitucional deberá analizar ahora si alguno de los tres recursos presentados cumple los requisitos legales para su admisión. En caso de este ocurra, los magistrados deberían pronunciarse sobre la constitucionalidad de ley.
PROBLEMAS DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES
Entretanto, el país vivió el jueves su primer día de «cuarentena especial», con los trabajadores que no disponen de vehículo propio con serios problemas para llegar hasta sus puestos de trabajo y regresar a sus hogares. Según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), las medidas adoptadas han provocado el cierre temporal del 90 por ciento de la industria nacional.
La vicepresidenta de este organismo, Carmen Aída de Meardi, ha denunciado que la aplicación de la decisión de suspender el transporte «fue demasiado rápida y no dio tiempo a las empresas autorizadas para funcionar, la debida organización y logística para el transporte de su personal».
En la misma línea se ha pronunciado, en declaraciones al diario ‘El Mundo’, la directora de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (AmCham), Carmen Aída Muñoz, para quien es «contradictorio» permitir que las empresas operen pero restringir el transporte público, habida cuenta que en el país el 80 por ciento de la población carece de vehículo propio. Además, ha criticado el escaso margen que se ha dejado a las empresas para buscar transportes alternativos para sus empleados.
El Salvador, con 742 casos confirmados de coronavirus, incluidos 15 muertos y 257 pacientes recuperados, es uno de los países menos afectados en la región por la pandemia, pese a lo cual ha adoptado medidas drásticas que le han supuesto acusaciones de abuso de poder por parte de la oposición y de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
