El Salvador iniciará este martes la desescalada para alcanzar la «nueva normalidad» en agosto

El Gobierno de El Salvador ha aprobado un plan de desescalada que se desarrollará en cinco fases empezando el 16 de junio con miras a alcanzar la «nueva normalidad» en el mes de agosto, a pesar de que, según sostiene el presidente del país, Nayib Bukele, «el contagio es masivo».

Ejecutivo y representantes de 22 sectores productivos, así como del Banco Mundial y agencias de la ONU, pactaron el domingo un plan para «la reapertura económica de manera inteligente y priorizando la vida y la salud del pueblo salvadoreño», según el comunicado difundido por el Ministerio de Economía.

La ‘hoja de ruta’ establece «un retorno gradual a las actividades económicas en cinco fases» donde «la transición entre fases dependerá del comportamiento de la pandemia y del cumplimiento y el compromiso de la población en la atención de las medidas de prevención, así como de que cada sector elabore e implemente de forma estricta sus protocolos».

La primera fase, que comenzará el 16 de junio y durará 21 días, permitirá reanudar «25 actividades económicas y sociales», como las industrias textil y de construcción, así como reabrir los centros comerciales con «restricciones», los restaurantes pero solo con servicio a domicilio y los salones de belleza con cita previa, entre otras.

El 7 de julio arrancaría la segunda fase para un total de quince días. A las actividades de la fase uno se sumarán otras 16, tales como los servicios profesionales y empresariales. Los centros comerciales operarán casi con normalidad y los restaurantes podrán abrir en «espacios abiertos». El transporte público se retomará con «restricciones».

En la tercera fase, ya el 22 de julio y para otros quince días, «se ampliará la apertura para el reinicio de actividades presenciales del comercio al por menor y al por mayor» y para «el ‘hub’ aeronáutico». Además, «se abrirán las iglesias y lugares de culto y los establecimientos para el deporte sin contacto».

Ya en la cuarta fase, prevista para el 6 de agosto y para quince días, se permitirán «las operaciones comerciales de pasajeros en aeropuerto con un porcentaje definido» y «el turismo interno e internacional con protocolos de bioseguridad estrictos». Abrirán ya cines, teatros y centros de convenciones con un 50 por ciento del aforo habitual.

La quinta y última fase empezará el 21 de agosto y con ella se reanudarán «las demás actividades económicas y sociales que no se encontraban funcionando en fases anteriores, excepto las actividades educativas, que serán definidas por el Ministerio de Educación».

El Gobierno ha subrayado que «la reapertura económica no implica que la pandemia de COVID-19 esté superada» y, por eso, «se realizará un monitoreo constante del comportamiento de la misma, para que el Ministerio de Salud tome las decisiones pertinentes a favor de la salud y la vida de los salvadoreños».

De hecho, Bukele ha recordado en Twitter que la curva epidemiológica ha entrado ya en su tercera fase, con lo que «el contagio es masivo». El Salvador suma ya 3.826 casos de coronavirus, incluidas 74 víctimas mortales y 1.912 pacientes recuperados.

Así las cosas, el mandatario salvadoreño ha defendido que, si bien «la economía empieza a abrir por fases este martes, el lugar más seguro para estar, siempre, es en casa». «En caso de salir, por favor, usen todas las medidas de protección y distanciamiento social posibles», ha pedido.

BATALLA POLÍTICA

El Ministerio de Salud ha alumbrado el decreto ejecutivo 31 para dar forma legal al acuerdo alcanzado por Gobierno y empresarios y establecer los protocolos sanitarios que tendrán que cumplirse en el camino hacia la «nueva normalidad».

Este decreto ejecutivo supone un nuevo varapalo a la Asamblea Legislativa, que la semana pasada aprobó un texto similar que finalmente ha sido vetado por Bukele, como parte del pulso político entre Gobierno y Congreso, que ha continuado durante la pandemia.

Bukele también ha alimentado la escalada de tensión con la Sala de lo Constitucional, al acusar a los magistrados de influir en las leyes de emergencia dictadas por la Asamblea Legislativa sobre la pandemia de coronavirus.

«Manifestamos enfáticamente que no se presentó, ni se conocía, elaboró o diseño, ningún proyecto de ley y mucho menos se adelantó criterio sobre la constitucionalidad de ningún texto», ha dicho la Sala de lo Constitucional en un comunicado.

Además, ha recalcado que, «independientemente de las amenazas institucionales y personales de las cuales es objeto, seguirá cumpliendo con su misión de defender la Constitución y los derechos fundamentales de las personas».

En este clima político, la Iglesia Católica ha lamentado que El Salvador avance hacia la desescalada sin una ley de emergencia nacional que la regule. «Es muy lamentable», dijo el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, al leer un comunicado el domingo, según recoge el diario local ‘La Prensa Gráfica’.

«Es necesario que dicha reactivación se haga de forma escalonada, ordenada, y con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y la muerte de las personas», pidió, indicando que «por encima de todo interés debe evitarse la muerte de los salvadoreños».

Escobar aprovechó igualmente para pedir «que cada uno de manera responsable cuide su salud, que libremente viva la cuarentena familiar, que solo salga de casa si es necesario», teniendo en cuenta que El Salvador está en «un momento de alto contagio comunitario».

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