Nayib Bukele, presidente de El Salvador
El documento sostiene que detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas podrían haberse producido como parte de una política estatal en la lucha contra las pandillas.
El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) y presentado durante una audiencia pública celebrada en Guatemala.
Según los expertos, existen “bases razonables para creer” que durante el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, que regula estos delitos dentro de la Corte Penal Internacional (CPI). El documento analiza actuaciones policiales y militares desarrolladas en el marco de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, que ha sido presentada por el Gobierno salvadoreño como una estrategia eficaz para reducir la violencia vinculada a las pandillas.
Un grupo internacional de expertos sostiene que las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador podrían haber derivado en violaciones sistemáticas de derechos humanos
El informe sostiene que los casos documentados apuntan a la existencia de una política de actuación policial y militar conocida y promovida por altos mandos del Gobierno de Nayib Bukele.
Durante la audiencia ante la CIDH, Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad, aunque advirtió de los efectos que estas políticas pueden tener sobre los derechos fundamentales.
Arteaga explicó que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han denunciado el impacto de estas medidas, que han incluido miles de detenciones desde la instauración del régimen de excepción.
Organizaciones internacionales alertan de que el modelo de seguridad salvadoreño ha reducido la criminalidad, pero denuncian graves vulneraciones de garantías jurídicas
El informe recoge datos sobre muertes bajo custodia estatal y desapariciones forzadas registradas durante el régimen de excepción en El Salvador.
Según los expertos, hasta agosto de 2025 se habían documentado 403 muertes bajo custodia estatal, entre ellas cuatro menores de edad, mientras que hasta febrero de 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada.
| Indicador documentado en el informe | Casos registrados |
|---|---|
| Muertes bajo custodia estatal hasta agosto de 2025 | 403 |
| Menores fallecidos bajo custodia estatal | 4 |
| Casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 | 540 |
La experta Susana SáCouto afirmó que los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, incluyendo encarcelamientos en violación del derecho internacional, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual.
Los expertos sostienen que las prácticas denunciadas podrían encajar en la definición de crímenes de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma
El GIPES recomendó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de una misión internacional de determinación de hechos para investigar las posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador.
El objetivo de esta misión sería documentar los hechos y facilitar la rendición de cuentas, según los expertos que elaboraron el informe.
El documento cuenta con el respaldo de varias organizaciones internacionales, entre ellas Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad Ghent.
Organizaciones internacionales reclaman una investigación independiente para esclarecer las denuncias registradas durante el régimen de excepción
El régimen de excepción instaurado en marzo de 2022 en El Salvador permite suspender determinadas garantías constitucionales y realizar detenciones sin orden judicial, una política que el Gobierno de Nayib Bukele defiende como clave para reducir la violencia vinculada a las pandillas en el país.
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